Don Juan José González Rodríguez, Coordinador de la Asociación "Alternativa Laica", asociación inscrita en el Registro General de Asociaciones de Castilla-La Mancha con el nº 19790, con domicilio a efectos de notificaciones en Toledo Aptdo. Correos 1100 (45080), en su nombre y representación, por el presente escrito comparezco y DIGO:

1. Que, como coordinador de la asociación y con arreglo a lo previsto en el artículo 13 de sus Estatutos, me corresponde actuar como su representante legal y portavoz ante cualesquiera instituciones y personas públicas o privadas.
2. Que entre los fines de nuestra asociación se encuentra la defensa, promoción y difusión del laicismo, entendido como la defensa del pluralismo ideológico y de la libertad de conciencia, y el establecimiento de un marco jurídico adecuado y efectivo que lo garantice y proteja frente a toda interferencia de instituciones religiosas que implique ventajas o privilegios.
3. Que por medio del presente escrito, al amparo del artículo 77 de la Constitución Española y con arreglo al artículo 49 del Reglamento del Congreso de los Diputados, solicito de esa Comisión el examen de la siguiente petición: Que por el órgano de la Cámara que resulte más idóneo se admita de forma expresa que es más adecuado a la lógica de un Estado aconfesional y a la inviolabilidad de las Cortes Generales que en los muros de los recintos donde se desarrollan las funciones parlamentarias no se coloquen símbolos, figuras ni textos que permitan dudar de la neutralidad del Estado en materia religiosa.

La contestación del Gobierno de España tras el ejercicio del derecho de petición ejercido por Alternativa Laica ante el Presidente, en relación con la presencia de símbolos religiosos en la toma de posesión de los ministros elude una respuesta fundamentada y contrasta con las resoluciones aprobadas en el 37º Congreso del PSOE.

El día 25 del pasado mes de abril, la Asociación Alternativa Laica ejerció el derecho de petición ante el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitándole que en los actos de toma de posesión de los miembros del Gobierno no se exhiban símbolos de ninguna confesión religiosa.

Con arreglo a la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Petición, el Presidente estaba obligado a contestar y notificar la contestación a Alternativa Laica en el plazo máximo de tres meses.

El Gobierno, a través del Ministerio de Presidencia ha denegado la petición en los siguientes términos:

"El Gobierno considera que la norma legal reguladora de los actos de toma de posesión de cargos o funciones públicas y el protocolo que rige en el acto de toma de posesión del Presidente y los demás miembros del Gobierno ante el Rey, se adecuan a las previsiones constitucionales y son respetuosos con el sentir plural de los españoles en materia religiosa, por lo que no tiene previsto, en el momento actual, introducir ninguna modificación en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de Juramento en Cargos y Funciones Públicas”. Dado que dicho Real Decreto nada dice sobre la ornamentación o presencia de elementos simbólicos presentes en la sala del Palacio de la Zarzuela en la que se desarrollan estos actos, Alternativa Laica coincide en que, para atender su petición, no es necesario modificarlo y que por tanto la respuesta del Gobierno, además de incongruente, carece de fundamentación y razonamiento jurídico adecuado, pues no se ha pedido la modificación de ninguna norma.

Sin embargo el viejo protocolo basado en la arraigada costumbre de algunos políticos de pasar por encima del derecho a la igualdad parece imponerse con el beneplácito del Gobierno a ciudadanos y asociaciones cuya libertad religiosa se expresa en orientaciones laicas.

Es más, desde la Asociación Alternativa Laica pedimos precisamente que se cumpla dicho decreto, según el cual, el único requisito imprescindible para que la toma de posesión de los cargos públicos sea válida es que estos acepten el compromiso, bien jurando, bien prometiendo, de ejercer las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer la guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.

La respuesta del Gobierno contrasta, por otra parte, con las políticas aprobadas este fin de semana en el 37º Congreso del PSOE. Nos congratulamos de que se haya reconocido por parte del partido que sustenta al Gobierno la necesidad de hacer desaparecer la confesionalidad que pervive en prácticas de las instituciones públicas y de eliminar los símbolos religiosos de los edificios públicos, y esperamos que las resoluciones adoptadas consigan llegar hasta la Presidencia.

A pesar del intento de eludir el fondo de la cuestión en la respuesta, Alternativa Laica considera que iniciativas como la nuestra, ejerciendo el derecho de petición y poniendo en evidencia una parte importante del sentir ciudadano, son, sin ninguna duda, precursoras de los cambios y avances que más pronto que tarde se acabarán abriendo paso en materia de laicidad del Estado.

Con el titulo de "Exorcista en el Virgen de la Salud”, o títulos similares diversos diarios en su edición toledana, encabezaban una información donde se da cuenta de la presencia en el Hospital Virgen de la Salud de un experto en "demonología”, sacerdote y teólogo, en calidad de conferenciante, para impartir el tema: «Posesión demoníaca o enfermedad mental. Estado de la cuestión en el siglo XXI» invitado por el Colegio Oficial de Médicos de Toledo que preside el doctor Atanasio Ballesteros.

La noticia no pasaría de tener características de esperpento y de curiosidad de no ser por la entidad de los organizadores, nada menos que la organización médica colegial toledana, y el propio lugar de celebración de la misma: el salón de actos del hospital público más importante de la provincia, cuya gestión corresponde al SESCAM, o lo que es lo mismo a la Administración de Castilla- La Mancha. Ambas cosas por tanto merecen al menos las siguientes consideraciones por parte de Alternativa Laica:

1. Que el Colegio Oficial de Médicos de Toledo organice este tipo de actividad, notoriamente alejada del carácter científico que debe presidir el ejercicio de la medicina, es cuando menos preocupante. Parece especialmente delicada la imagen que podría proyectarse de la práctica médica situándola, con este tipo de actuaciones, más cerca de la superchería que del conocimiento científico. Por otra parte, que una organización médica colegial, cuya adscripción por parte de los licenciados en Medicina es de carácter obligatorio para el ejercicio de la profesión, promueva este tipo de conferencias no parece el mejor signo de respeto a los diferentes profesionales cuyas concepciones, además de plurales, estamos seguros que están más próximas a los conocimientos científicos que adquirieron en la Universidad y en la práctica habitual de su trabajo que de creencias oscurantistas medievales.

2. Que estas actividades tengan lugar en un Hospital de la red pública como el Virgen de la Salud perteneciente al SESCAM parece que podría suponer una desvirtuación del uso de una instalación que en un futuro se convertirá en hospital universitario, por tanto, en una institución a la vez que sanitaria científica. Desde Alternativa Laica aún dejando constancia del respeto a las diferentes opiniones, a las prácticas religiosas, y a que unas y otras puedan expresarse, esto no obsta para que insistamos en la necesidad de situar a la ciencia y a la medicina en el sitio preferente que le corresponde en la sociedad española del siglo XXI y en la defensa de una práctica médica y una sanidad pública cuyas bases sean la investigación, el conocimiento y el humanismo científico en la práctica asistencial pero no concepciones absolutamente impropias que puedan desacreditarla.

Toledo, 10 de Junio 2008

Nos encontramos ante una nueva polémica suscitada por las declaraciones del cardenal de Toledo, que vuelve a utilizar el púlpito para arremeter contra los contenidos culturales o festivos de una celebración que como la del Corpus en Toledo además de los contenidos propiamente religiosos, que tienen un amplio espacio en su desarrollo, es sobre todo, la fiesta grande de la ciudad y, por tanto, debe incorporar una parte lúdica y festiva innata a cualquier celebración local de arraigo ciudadano.

Desgraciadamente, esta ciudad es noticia, una vez más, en la prensa nacional por ser la sede de otra polémica en clave de censura de corte nacional católico que pretende imponer el cardenal de Toledo en un nuevo alarde de creerse el único depositario de la verdad. Otra vez, en el centro de la polémica se halla el ataque a la libertad de expresión, a la libertad cultural y a la pluralidad ideológica. En esta ocasión, el motivo de discordia es la representación teatral en un pasacalles de un auto sacramental del siglo XV que el cardenal ha calificado de insultante para los católicos, a quienes nadie ha negado su derecho a expresar sus creencias religiosas en los templos y en las calles de la ciudad.

La pretendida condena a expresiones teatrales por sus contenidos, en esta ocasión, además, sin fundamento alguno y haciendo gala de un profundo desconocimiento cultural, serían sencillamente ridículas sino fuera porque esconden un evidente afán de censura, cuando no un amago de reeditar viejas tentativas de monopolizar la calle y la vida ciudadana.

La Asociación Alternativa Laica, por tanto, quiere manifestar su apoyo a la Concejalía de Festejos, responsable de la organización de este y otros eventos de las fiestas de la ciudad, y a la compañía Morboria Teatro que ha desarrollado la actividad, a su directora y a todos los actores que han participado en ella. De la misma forma, consideramos, no sólo adecuado, sino hasta exigible, que el Alcalde de la ciudad muestre su apoyo explícito a un miembro de su equipo de gobierno municipal y a la defensa de los valores de libertad de expresión y de tolerancia, justamente por tratarse de aquella parte de la fiesta cuyo desarrollo y organización es de exclusiva responsabilidad municipal, y porque el silencio, en estas circunstancias, pudiera parecer equívoco.

Esta nueva polémica no es más que otro indicio de la situación que se ha generado a lo largo de los años y que se mantiene ahora inexplicablemente: la contaminación de las actividades sociales y culturales por el fundamentalismo religioso. La cuestión de fondo es que los obispos, en general, y el de Toledo, en particular, se creen con derecho a decidir qué está bien y qué está mal porque lo han hecho siempre, primero al amparo de la imbricación entre el poder civil y el religioso propio de un estado totalitario y nacional católico, ahora, en virtud de la escasa defensa que los poderes públicos hacen de la aconfesionalidad del Estado, so pretexto de las tradiciones o de cualquier otra razón.

Sería deseable que los poderes públicos y, en este caso, el Ayuntamiento de Toledo, supieran poner en su sitio a quienes, desde los púlpitos, pretenden dictar el gobierno de la ciudad: No por ser cardenal se puede decir cómo se gobierna, qué fiestas se celebran y quién participa en las mismas en la ciudad de Toledo, que tiene a su Alcalde y al equipo de gobierno para estos menesteres.

La intolerancia y el fundamentalismo de que hacen gala quienes pretenden imponer una visión excluyente y anacrónica de las fiestas de Toledo acabarán arruinando su sentido más ciudadano, más popular y de mayor arraigo convirtiéndolas en pura liturgia sólo apta para algunas minorías y encerrándolas entre las cuatro paredes de las iglesias.

Tras ese grupo de intolerantes han aparecido enseguida los corifeos habituales del Partido Popular, a quienes les ha faltado tiempo para utilizar la polémica en clave de oposición al equipo de gobierno municipal sacando a relucir la batería de los más rancios argumentos de la eterna derecha que, lejos de ganar autonomía política, se enfeuda cada vez más con las posiciones más reaccionarias de la jerarquía católica.

Desde Alternativa Laica, creemos que es nuestra obligación como ciudadanos abogar por una cultura del respeto que desde una concepción de la convivencia diversa y plural destierre las imposiciones e impulse unos comportamientos auténticamente democráticos especialmente en Toledo, la ciudad llamada de las culturas y de la tolerancia para que situaciones como esta no nos conviertan en noticia singular y las circunstancias no nos desmientan.

Toledo, 27 de Mayo 2008

La fiesta de la ciudad, sin perjuicio de su origen, no puede ser patrimonio de una parte de la sociedad. Las fiestas del Corpus son, en este momento, una manifestación de gran arraigo ciudadano, y, por tanto, una de las primeras obligaciones de las autoridades es la de fomentar la parte lúdica y popular de las fiestas, de forma que puedan participar todos aquellos que lo deseen.

Por otro lado, las autoridades como es habitual facilitan la organización de los eventos religiosos pertinentes en los lugares públicos dada su tradición popular, mediante su colaboración institucional. Pero esto no significa que los poderes públicos dejen de cumplir su primera y más importante obligación: la de garantizar la neutralidad del Estado y de sus Instituciones en materia religiosa.

Por esta razón, el hecho de que los cargos públicos formen parte de un acto religioso, como es una procesión, es una dejación de esta obligación de garantía de neutralidad, porque un acto religioso lo es con independencia del lugar donde se produzca o de la intención con la que se participe en el mismo, ya sea como fieles, autoridades o simples ciudadanos.

Que los cargos públicos procesionen produce, además, confusión en la ciudadanía al transmitir un mensaje subliminal de identificación del poder civil con la religión católica, que no se corresponde con el momento histórico en el que vivimos ni con el ordenamiento constitucional y jurídico que nos hemos dado.

La Asociación Alternativa Laica se ha dirigido a las distintas autoridades locales, provinciales, regionales y estatales para solicitarles el cumplimiento del principio de neutralidad del Estado en materia religiosa. En concreto, nuestro punto de vista es que las autoridades no deben formar parte de la procesión del Corpus, sino que, en todo caso, presidan la tribuna instalada al efecto en los balcones de la Delegación del Gobierno.

Esto implica que, por una parte, los poderes públicos mantienen el principio de neutralidad del Estado en materia religiosa y, por otra, actúan como representantes de todos los ciudadanos y no sólo de aquellos que profesen una determinada religión.

La separación efectiva del Estado y la iglesia debe formar parte también de los usos y costumbres y, por tanto, hay que asumir que las tradiciones religiosas nada tienen que ver con las funciones institucionales de los poderes públicos.

Toledo, 17 de Mayo 2008

Fiel a los principios que inspiraron, hace algo más de un año, su constitución, la Asociación Alternativa Laica ha decidido ejercer el derecho de petición ante el Rey y ante el Presidente del Gobierno para solicitar que con motivo de la toma de posesión de los miembros del Gobierno no vuelvan a exhibirse símbolos religiosos.

Todos los ciudadanos hemos podido ver como en la mesa en la que prestaron promesa de ejercer fielmente sus cargos con sujeción a la Constitución y a las leyes fueron colocados un crucifijo y una Biblia, símbolos inequívocamente cristianos.

Como quiera que, con arreglo a la Constitución, ninguna religión tiene carácter estatal, que el Rey es el Jefe del Estado, y que el Presidente y los Ministros son los miembros del Gobierno de España, la Asociación Alternativa Laica les va a solicitar respetuosamente que, en lo sucesivo, los juramentos o promesas de servir fielmente al Estado se realicen ante el único documento que puede y debe tener para todos nosotros el mismo valor: la Constitución Española.

El derecho de petición es un derecho que todos los ciudadanos tienen de plantear sus quejas o solicitudes a los poderes públicos y es así mismo un derecho fundamental, reconocido por la Constitución, que tienen todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, sin que importe su nacionalidad, pudiendo ser ejercido de manera individual o colectiva.

Considera Alternativa Laica que las administraciones deben ser respetuosas con la pluralidad social y de creencias de la sociedad y que la pervivencia de éstas prácticas en algunos actos oficiales son impropias de un estado moderno y democrático a la vez que suponen una falta de respeto al principio de neutralidad y de igualdad consagrados en nuestro ordenamiento jurídico y político.

El ejercicio por tanto de este derecho de petición esperamos que obtenga la respuesta adecuada tanto de su Majestad el Rey como del Sr. Presidente del Gobierno.

Toledo- 25 de Abril2008.

La Constitución Española configura un modelo de Estado que garantiza el derecho de toda persona a la libertad de conciencia, sin discriminación por razón de creencias o convicciones. Por tanto, los poderes públicos deberán ser neutrales en materia religiosa, lo que implica que ninguna confesión podrá recibir privilegios, excepciones o estatutos diferentes de las normas del derecho común.

Sin embargo, los permanentes intentos de imposición a toda la sociedad de una concepción moral basada en principios religiosos están llevando a injerencias y presiones de la jerarquía católica en la vida pública que obligan hoy más que nunca a reivindicar y exigir el cumplimiento del principio de laicidad y, por tanto, la igualdad de trato de las distintas creencias, incluidas las no religiosas, por parte de los poderes públicos.

Como consecuencia de las reminiscencias de épocas anteriores y las peculiaridades de nuestra realidad socio-política, el sistema democrático en España necesita el impulso de una nueva reforma en materia de separación de las iglesias y el Estado, que concluya aquellas transformaciones pendientes que garanticen los principios de laicidad y de neutralidad del Estado. Es urgente que en la próxima legislatura se aborden las modificaciones legislativas necesarias y, de manera singular, la derogación de todas aquellas normas que mantienen importantes hipotecas sobre el Estado, muy especialmente los acuerdos de España con el Vaticano.

En definitiva, se trata de definir un autentico Estatuto de la Laicidad en España, entendido como un conjunto amplio de materias que, de forma global, supongan la garantía de separación efectiva de las confesiones religiosas del Estado.

Para el desarrollo de este Estatuto de la Laicidad, la Asociación Alternativa Laica considera imprescindibles las siguientes medidas:

1. Denuncia de los Acuerdos con el Vaticano 1976 y 1979. Los contenidos de dichos acuerdos mantienen compromisos que lastran nuestro ordenamiento jurídico por la supervivencia de privilegios tributarios y de financiación pública, por las prerrogativas en el sistema educativo o por la aplicación del derecho canónico.

Por ello, es necesaria, por una parte, la eliminación de la financiación estatal de la iglesia católica, que está suponiendo una patente vulneración de los principios de igualdad y no discriminación y del principio de laicidad, además de un incumplimiento flagrante de su propio compromiso de autofinanciación, y, por otra, la eliminación de la enseñanza de la religión católica de forma confesional situándola en el plano que le corresponde a un estado laico, es decir, el ámbito de lo privado y lo personal, y por tanto fuera de la escuela.

2. Desarrollo de un protocolo de relaciones institucionales con las confesiones religiosas, especialmente con aquellas, que, como la iglesia católica, por su presencia social y jerárquica, disfrutan en la práctica de un estatus privilegiado con las instituciones políticas democráticas, aplicando una separación real y efectiva de aquellos eventos religiosos o celebraciones promovidas por las distintas confesiones religiosas y definiendo la participación de los cargos públicos institucionales en los actos religiosos a título individual, separando sus creencias personales de la institución a la que pertenecen.

3. Prohibición del uso de símbolos religiosos en todas las dependencias de las administraciones públicas como señal de respeto a las diferentes creencias de los ciudadanos y eliminación de cualquier sometimiento de las instituciones públicas a dogmas de fe o a advocaciones religiosas.

4. Elaboración de una nueva Ley de Libertad de Creencias y Convicciones en sustitución de la actual Ley de Libertad Religiosa (LOLR) que elimine privilegios y garantice la igualdad entre las creencias religiosas y entre los grupos o individuos que no profesen ninguna y que ejerzan su derecho a la libertad de conciencia.

5. Compromiso de eliminación de cesiones gratuitas o a precios simbólicos de terrenos o bienes patrimoniales de titularidad pública por parte de Ayuntamientos u otras entidades del Estado a cualquier confesión religiosa.

6. Garantizar la no participación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los actos de naturaleza religiosa, respetando la participación voluntaria de sus componentes de forma individualizada en base a su derecho a la libertad religiosa. Igualmente, garantizar la no vinculación del Ejército a celebraciones de contenido religioso, separando claramente sus funciones legales en el marco de la política de defensa de aquellas actuaciones puramente costumbristas, como las que tienen que ver con determinados desfiles procesionales o festivos.

7. Desaparición de la vieja práctica de inauguraciones de locales, dependencias, instalaciones etc., de titularidad pública con participación de las jerarquías religiosas o los mal llamados funerales de Estado que, siendo preconstitucionales sobreviven por la fuerza de las costumbres, pero claramente ajenas a la ley y a la nueva realidad social.

8. Compromiso firme con la defensa de la libertad de expresión y de las distintas manifestaciones de la cultura, oponiéndose a las actuaciones que pretendan censurar las mismas en base a supuestos agravios religiosos.

Alternativa Laica trasladará estas propuestas a las fuerzas políticas y a los candidatos que concurren a las Elecciones Generales del próximo 9 de marzo con la intención de que formen parte de su compromiso electoral y de su programa de gobierno.

Toledo-20 de Febrero 2008.

La Asociación Alternativa Laica se reunió ayer día 6 con el Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz Cano para tratar diversos temas relacionados con su ámbito de competencias y, específicamente, para trasladarle la necesidad de garantizar la no participación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los eventos de carácter religioso, asegurando en todo caso el carácter voluntario de la participación de sus miembros en base al derecho individual a la libertad religiosa.

La Asociación Alternativa Laica se reunió ayer con el Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz Cano en el contexto de las diversas reuniones que viene manteniendo con instituciones y personas para exponerle los objetivos y fines de la asociación.

En el transcurso de la reunión, los miembros de la Junta Coordinadora de la Asociación Alternativa Laica plantearon al Delegado del Gobierno su punto de vista sobre distintos temas, que forman parte de sus preocupaciones y principios.

En concreto:

1. Por su marco de competencias en relación a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Alternativa Laica expuso su convicción de que la Administración del Estado en la Comunidad Autónoma debe garantizar de manera adecuada la no participación de dichos cuerpos de seguridad en los actos de naturaleza religiosa y extender dicha garantía a la participación voluntaria de sus componentes de forma individualizada en base a su derecho a la libertad religiosa.

2. El traslado al Gobierno de la Nación y a su Ministerio de Defensa de la necesidad de no vincular al Ejército a celebraciones de contenido religioso, separando claramente sus funciones legales en el marco de la política de defensa de aquellas actuaciones puramente costumbristas, como las que tienen que ver con determinados desfiles procesionales o festivos.

3. Es evidente que las funciones previstas en las leyes que regulan el funcionamiento y competencias de ambas instituciones están lejos de la participación en desfiles procesionales u otros de naturaleza similar. Sus funciones son las de ser garantes del orden y la seguridad ciudadana o de la defensa, en su caso, y no la utilización de los uniformes de funcionarios públicos para ataviar o acompañar celebraciones litúrgicas, fiestas o pasos procesionales por mucho que determinadas costumbres pretendan perpetuarlos.

4. Igualmente, se ha planteado la preocupación por parte de Alternativa Laica por la pervivencia de símbolos religiosos en edificios públicos y de la administración que vulnerarían el principio de aconfesionalidad del Estado y que pudieran suponer una falta de respeto a los ciudadanos con distintas creencias o de convicciones no religiosas.

5. Actuaciones como la inauguración de edificios públicos con hisopos, la bendición de banderas, las advocaciones religiosas que presiden instituciones públicas o los mal llamados funerales de Estado son prácticas preconstitucionales que sobreviven por la fuerza de las costumbres, pero claramente ajenas a la ley. Alternativa Laica trasladó por último al Delegado del Gobierno su preocupación por la implicación de la Administración del Estado en la defensa del principio de neutralidad en materia religiosa y su desarrollo en todos los ámbitos de la vida política e institucional, ya que consideramos que es la máxima expresión del respeto a las creencias de todos los ciudadanos y la garantía de convivencia en una sociedad plural y democrática.

La reunión finalizó con un emplazamiento a continuar el diálogo y valorar en el futuro inmediato el desarrollo de estos temas en Castilla-La Mancha y la disposición de Alternativa Laica a continuar trasladando sus propuestas y preocupaciones en esta materia.

En Toledo, 7 de Febrero 2008

La permanente injerencia de la Iglesia en los asuntos civiles dificulta la debida neutralidad del Estado en materia religiosa y hace imprescindible el replanteamiento del modelo de relaciones Iglesia-Estado

En la actualidad, casi 30 años después de aprobada la Constitución, en la que se establece claramente que ninguna confesión tendrá carácter estatal, perduran prácticas confusas de las instituciones que vulneran el principio de neutralidad del Estado. Estamos asistiendo a un rebrote de los fundamentalismos a nivel mundial que en España se manifiesta especialmente en torno a las posturas de la jerarquía católica que supone, en el fondo, una marcha atrás sobre la posición de respeto y equilibrio que la iglesia asumió en la Transición y sobre la que ahora retrocede para hacerse más integrista. Esto es lo que indica la presión que ejerce sobre el Gobierno en torno a la legislación en materia de derechos sociales, de modelos de convivencia, los contenidos del sistema educativo, los avances biomédicos, la polémica con motivo de la ley de la memoria histórica y tantas otras.

El Gobierno y el partido que lo sustenta parecen haber intentado minimizar la confrontación con la beligerante iglesia católica por la vía de ceder cuotas de poder social consolidando

la legislación educativa sobre la enseñanza de la religión, asegurando la financiación de sus actividades a través de las declaraciones de la renta y eliminando o no incluyendo en los programas electorales aquellas cuestiones que pudieran molestar a la jerarquía.

No obstante estas concesiones, la iglesia recrudece sus posiciones y se inmiscuye en la vida política desde la impunidad de un poder no legítimo que pretende marcar el paso de quienes sí tienen la responsabilidad de hacer planteamientos políticos para la vida ciudadana. El máximo exponente de esta actividad política, que no pastoral, han sido las declaraciones de los obispos en la manifestación que convocaran el 30 de diciembre so pretexto de la defensa de la familia cristiana, haciéndose más evidente, si cabe, la gran presión de la iglesia católica sobre el Ejecutivo y sobre el Legislativo en materia de derechos sociales, unos ya consolidados y otros de reciente consecución, que su jerarquía no reconoce y que intenta invalidar para el resto de la sociedad. Pretenden con esta presión, legitimar sólo aquella legislación que tenga en cuenta la moral propia de la iglesia al margen de otras opiniones u otros valores. Pretenden que no se pueda gobernar sin ellos, ser los garantes de un orden social que corresponde a los ciudadanos y a sus legítimos representantes y tutelar las acciones del Gobierno interviniendo en los asuntos de la vida civil.

A pesar del precepto constitucional sobre el carácter no estatal de ninguna confesión, es el Estado quien financia a la iglesia católica, virtud a los acuerdos con el Vaticano. Además de los privilegios de la iglesia relativos a su ingente patrimonio, el reciente acuerdo sobre el IRPF consolida un modelo de financiación dependiente de los fondos públicos. Este acuerdo supone, por un lado, que la iglesia renuncia a la autofinanciación a que se comprometió con gobiernos anteriores y, por otro, que el Estado renuncia, a su vez, a la provisionalidad de aquellos acuerdos financiatorios convirtiéndolos en permanentes, además de aumentar sustancialmente su aportación económica.

Por otra parte, los poderes públicos ejecutan incorrectamente el precepto de colaborar con las confesiones religiosas, especialmente con la iglesia católica. No puede deducirse de esta obligación constitucional de colaboración una interpretación consistente en el mantenimiento de privilegios o la participación sistemática del poder civil en las ceremonias religiosas, y viceversa. Esta concepción errónea del dictado constitucional hace que perduren prácticas confusas de las instituciones que proyectan hacia la ciudadanía una imagen de simbiosis entre los representantes democráticos y la iglesia católica, que no renuncia al poder que en otros tiempos detentara.

Contribuye a complicar más aún el escenario la pervivencia de usos, costumbres y mal llamadas tradiciones en las que la supeditación del poder civil al religioso es tan patente como ilegal. Los incorrectamente llamados funerales de Estado, la bendición de la bandera o de edificios públicos inaugurables, la existencia de símbolos religiosos en ayuntamientos, juzgados, escuelas o dependencias de la universidad, la anacrónica permanencia de advocaciones religiosas en los estamentos profesionales y un largo etcétera sólo buscan la perdurabilidad del poder religioso sobre la soberanía de las instituciones civiles so pretexto de las "tradiciones”.

Son especialmente preocupantes las prácticas institucionales equívocas o ambiguas a nivel autonómico y local en tanto que el Gobierno Regional y el Ayuntamiento actúan con gran condescendencia para con los representantes de la iglesia que, con la excusa de las tradiciones populares, se manifiesta en actuaciones protocolarias en las que se somete el poder civil al religioso. Y paralelamente se opta por el silencio frente a los ataques que desde la sede primada, en sintonía con los sectores más conservadores de la Conferencia Episcopal, se dirigen contra el Gobierno y el Parlamento. Y todo ello por pretendidos réditos electorales.

Esta situación lleva a la Asociación Alternativa Laica a considerar que ha llegado el momento de avanzar hacia la consecución de un Estatuto de la Laicidad en España, que suponga, entre otras cosas, replantear las relaciones institucionales con la iglesia, la financiación de la misma, la eliminación del adoctrinamiento religioso en la escuela y la supresión de privilegios económicos y sociales a una confesión religiosa cuya deriva en la injerencia en los asuntos del Estado se ha convertido en una práctica cotidiana. Esto supone que, para la próxima legislatura, se denuncien por parte del Gobierno los acuerdos con el Vaticano, que por su carácter de tratados internacionales están condicionando el resto del ordenamiento jurídico e impidiendo la debida neutralidad del Estado en materia religiosa.

Alternativa Laica
30 de enero de 2008

Ante las recientes manifestaciones públicas de los portavoces de la jerarquía católica expresadas en la concentración celebrada en Madrid el pasado día 30 de Diciembre, la Asociación Alternativa Laica quiere manifestar lo siguiente:

1. Que la libertad de opinión y la de manifestación son un valor constitucional fundamental y, por tanto, debe estar por encima del hecho de compartir o no las diferentes opiniones de quienes las expresen. Sin embargo, el ataque sin precedentes de la jerarquía católica a los valores y a la política desarrollada por el Parlamento y el Gobierno legítimos de España, utilizando como excusa la defensa de la familia, han superado por su gravedad los límites del respeto al pluralismo político de una sociedad democrática y madura como la española.

2. Afirmaciones del estilo de que se incumple la constitución, y se retrocede en materia de derechos humanos, o que se va hacia la disolución de la democracia… son en si mismas impropias de la cúpula eclesiástica y se inscriben directamente en la campaña electoral en lo que parece un ejercicio alejado de cualquier contenido religioso o moral para pasar a ejercer de infantería del principal partido de la oposición, en defensa de unas posiciones de la línea mas integrista de las desarrolladas por la jerarquía católica en España desde la transición democrática.

3. Alternativa Laica considera que la Constitución de 1978 recoge la laicidad del Estado entre sus principios al afirmar que "ninguna confesión tendrá carácter estatal” y que, por lo tanto, los intentos de imponer la fé o la razón religiosa de algunos a la razón legal de todos los ciudadanos, expresada por su Parlamento, es un intento baldío y condenado al fracaso pero que crea crispación en una sociedad asentada en valores de respeto a las diferentes opiniones.

4. A lo largo de la Historia, el avance de los derechos civiles y el respeto a las creencias individuales se ha hecho a pesar de una Iglesia que siempre se asentó en las posiciones mas retrógradas en materia de derechos humanos, de regulación del matrimonio, del derecho a la libre convivencia o al divorcio, o al avance en la educación, especialmente si los valores a impartir no coinciden con los propios de un cierto ideario que desde los tiempos del nacional-catolicismo se continúa intentando preservar, y que como siempre utiliza diferentes varas de medir según sus intereses aquí en la tierra.

5. Una vez más, se pone de manifiesto que el derecho a organizarse libremente de la sociedad española y a dotarse de las leyes que sus ciudadanos decidan choca con los permanentes intentos de injerencia de la jerarquía católica y de un sector de su conferencia episcopal claramente representados por los intervinientes del acto del día 30. Los obispos pretenden que las leyes se sometan a los dictámenes divinos, que sólo ellos pueden interpretar, olvidando que la soberanía reside en el pueblo español, de quien emanan todos los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

6. Alternativa Laica comparte la toma de posición de las fuerzas políticas de la izquierda y, en concreto, la nota hecha pública por la Ejecutiva Federal del PSOE en el día de hoy, así como el emplazamiento hecho al Partido Popular a clarificar si suscribe las opiniones de los obispos.

7. Por último, Alternativa Laica, con independencia de compartir o no los planteamientos de las distintas organizaciones políticas, considera que ha llegado el momento de replantearse en la próxima legislatura, con todo su rigor, las relaciones del Estado español con la jerarquía católica. Estas relaciones están construidas sobre privilegios que otorgan prerrogativas, tanto económicas como en materias estratégicas, como la educación, a una confesión religiosa que actúa como una organización multinacional que, lejos de expresar opiniones religiosas, se dedica a que sus más altos representantes, nombrados por un gobierno extranjero, como es el Vaticano, interfieran en la vida política de una nación soberana.

Toledo, 2 de Enero 2008

El Juramento del Ayuntamiento de Toledo de defender el "dogma de la Inmaculada" escenifica la supeditación del poder civil a la Iglesia. (Artículo de Ángel Santos)

Escenificar la supeditación del poder civil al poder religioso

El Juramento del Ayuntamiento de Toledo de defender el "dogma de la Inmaculada” escenifica la supeditación del poder civil a la Iglesia.

El 15 de diciembre de 1617 el Ayuntamiento de Toledo realizó solemne juramento de defender la limpia e inmaculada concepción de María "por ahora y siempre”. La comitiva partió de la sala del concejo y se dirigió al monasterio de San Juan de los Reyes, donde tuvo lugar la ceremonia. Todo ello de acuerdo con el decreto que la ciudad había emitido el 6 del mismo mes y año.

Hubo misa que dijo fray Felipe de Ayala, provincial de la Orden Franciscana y a continuación procesión con la imagen de la Virgen por el claustro del monasterio. Al acto acudieron el corregidor Gregorio López Madera y todos los regidores y jurados del Ayuntamiento, así como un numeroso grupo de toledanos. Todos los componentes del Ayuntamiento juraron personalmente uno a uno y luego el escribano mayor, Ambrosio Mejía, en voz alta preguntó al pueblo presente si realizaba el mismo voto por sí y por los ausentes, los cuales contestaron a "grandes voces”que así lo votaban y prometían.

Hasta 1854 no fue declarado dogma de fe por la Iglesia la Pura Concepción de Maria y, con motivo del centenario, el 25 de octubre de 1954 en el Ayuntamiento toledano, presidido por el alcalde Ángel Moreno Díaz, aprovechando la celebración en la ciudad de la "Semana Mariana”, se propuso la renovación del voto que se hizo dos siglos y medio antes, lo cual se acordó por aclamación. El acto se realizó en el mismo sitio y siguiendo el mismo ceremonial que se había practicado en 1617. La única novedad es que ahora también juró la Diputación en nombre de toda la provincia, la cual lo hacía por primera vez.

Que estos hechos se produjeran en las dos épocas mencionadas no nos causa ninguna sorpresa ni extrañeza. En la primera de ellas la sociedad española, como la de todas las naciones de su entorno, estaba estrechamente vinculada a los asuntos de religión. Era un mundo donde no se distinguía entre el gobierno espiritual y el temporal, según Hobbes. El concilio de Trento trajo consigo el que las actividades eclesiásticas y religiosas produjeran una eclesiastización de la sociedad nunca vista hasta entonces, que comprendía tanto la fe religiosa como la moral y determinaba la actitud no sólo en la vida privada, sino también en la pública.

Si en las naciones donde predominó el protestantismo el pueblo estuvo influenciado por la religión oficial que observaba el soberano (máxima del "cuis regio eius religio”), donde imperó el catolicismo, como en España, fue la Iglesia católica la que determinó las creencias, y las manifestaciones de culto y mantuvo un poder casi omnímodo. En estas naciones (Italia, Portugal y España) que resistieron las actividades reformadoras, se produjo un intercambio entre los dos poderes principales de la sociedad: los príncipes absolutistas y el catolicismo reformado se favorecieron mutuamente, ambos salieron beneficiados y fortalecidos, lo que se tradujo en políticas de interacción entre ambas esferas.

El sentimiento revolucionario de lo sacro que Trento impuso a la religiosidad española se extendió a toda la vida de la sociedad a través de la fe y del culto y ha durado hasta el final del siglo XX. En cuanto al juramento de la defensa de la Purísima Concepción de María por parte del Ayuntamiento de Toledo tuvo enorme influencia el que la doctrina y praxis de la Reforma fueran rechazadas sin concesiones y se definieran claramente, por vez primera, los diferentes conceptos de la antigua doctrina católica: transubstanciación, sacramentos, libre albedrío, misa, culto a los santos... Además, con el fin de atraerse nuevamente al pueblo, Roma impulsó ese culto a los santos y toda clase de manifestaciones materiales que dieran firmeza a la fe católica, recurriendo a procesiones, fiestas y actos litúrgicos y protocolarios llenos de boato y esplendor, arrastrando con ella al poder temporal, que a su vez se veía bendecido y arropado por la Iglesia católica.

Al poco de proclamarse la segunda República, el 30 de noviembre de 1931, en la sesión correspondiente del Ayuntamiento, se trata el asunto de "las funciones que se celebran durante el mes de diciembre y que tiene que cumplimentar”. Tras un debate entre concejales de tendencias contrapuestas se decide, por mayoría de votos, que no se costeen lo servicios religiosos acostumbrados, pero sí la comida a los presos. Pero el 14 de octubre de 1936, a menos de un mes de la toma de Toledo por las tropas de Franco, la comisión gestora que preside el Ayuntamiento toledano acuerda "dejar en suspenso todos los acuerdos tomados por las corporaciones municipales desde el advenimiento de la República siempre que no lesionen los intereses municipales o de particulares afectos a la causa nacional”. Aunque no se explicita, se supone que incluye el de la no asistencia y costeamiento de las funciones religiosas a las que el Ayuntamiento venía contribuyendo de siglos atrás. En la sesión de 22 de noviembre de 1940 ya se toman los acuerdos de acudir tanto el día 8 a la festividad de la Inmaculada en la iglesia del convento de Santa Isabel y el día 18 a la de San Ildefonso, en honor de la Virgen de ,la Expectación. Mas la renovación de la promesa o juramento por parte del Ayuntamiento de defender la Purísima Concepción de María no se lleva a cabo hasta el año 1954. No debemos olvidar que nos hallamos en plena efervescencia del nacional-catolicismo. La Iglesia católica y el franquismo se habían ayuntado aunando sus fuerzas para protegerse y ayudarse mutuamente. Ambos salieron fortalecidos, pero ello tenía un precio por ambas partes que con mayor o menor contento debían pagar. El franquismo necesitaba a la Iglesia católica para mantener al pueblo adormecido y controlado y la Iglesia precisaba del poder férreo de la dictadura franquista para no ser molestada e inquietada. Ambos se complementaban para mantener al pueblo alejado de sus derechos individuales y colectivos. La libertad de conciencia no existía. Era preceptivo que las autoridades políticas acudiesen a todos los eventos, funciones y actos litúrgicos que la Iglesia conmemoraba, que manifestasen públicamente no sólo su fe individual, sino la institucional y por su parte la Iglesia estaba presente en los actos oficiales del gobierno tanto a nivel nacional como local. Por lo tanto, un acto como el de revalidar la promesa de defensa de la virginidad de María era un hecho necesario y obligatorio.

Pero, ¿es necesario y preceptivo que en la actualidad una corporación democrática haga lo que sus antecesoras en períodos absolutistas o dictatoriales y acuda a los eventos religiosos como institución? A título individual cada cual es libre--ahora sí--para tener sus propias creencias, ser ateo o agnóstico, pero un Ayuntamiento está elegido por los ciudadanos que no manifiestan en función de qué creencia, descreencia o duda eligen a sus gobernantes, por lo que ese organismo debe respeto a todo el pueblo no manifestándose por una u otra religión, sino, haciendo gala de que España es una nación donde "ninguna confesión tendrá carácter estatal”, tal y como establece la Constitución.

El laicismo es una de las grandes conquistas de la democracia, a través del cual se manifiesta la neutralidad del Estado y sus instituciones con respecto a las diferentes creencias religiosas de la comunidad. El laicismo no está contra la religión, por lo tanto el Estado laico tampoco; al contrario, es respetuoso con todas las creencias; pero en virtud de esa aconfesionalidad no se manifiesta a favor de ninguna de ellas; sino que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a tener y practicar su propia religión sin que nadie se lo estorbe, siempre y cuando su ejercicio no conculque la libertad de los demás ni las leyes que garantizan esa libertad y el resto de derechos humanos. En definitiva el Estado laico defiende la libertad de conciencia ajustada a las leyes emanadas democráticamente, a Derecho, pero no se inclina, protege ni favorece a ninguna creencia o grupo religioso en particular.

No habrá una sociedad verdaderamente democrática mientras no sea efectiva una separación entre las Iglesias y el Estado, respetándose mutuamente y colaborando en aquello que vaya en beneficio de la paz social y provecho de todos los ciudadanos; pero teniendo muy presente que la conciencia individual no tiene por qué confundirse con la esfera de lo público, que es lo que concierne a todos. En este ámbito la neutralidad debe ser absoluta.

Toledo, 8 de Diciembre 2007.

Ángel Santos Vaquero es Doctor en Historia y miembro de la Asociación Alternativa Laica.

Fiel a los principios que inspiraron, hace menos de un año, su constitución, la Asociación Alternativa Laica ha requerido de manera fehaciente al Ayuntamiento de Toledo para que se abstenga de renovar el juramento de defensa del dogma de la inmaculada concepción de la virgen María que, en nombre de todos los vecinos de la ciudad, hicieron su Alcalde y Concejales en tiempos de la Inquisición.

Considera Alternativa Laica que un Ayuntamiento constitucional no puede jurar fidelidad a ningún postulado religioso sin vulnerar el principio de aconfesionalidad del Estado.

Dicho principio implica que son los individuos y los grupos en que éstos se integran voluntariamente los que pueden albergar, sostener y proclamar libremente sus creencias. Las Administraciones, en cambio, no disponen de esta libertad. Los ciudadanos no estamos sujetos a sus dictados por libre elección sino por circunstancias que forman parte de nuestro estado civil, como

la vecindad y la nacionalidad. Por eso, ninguna Administración constitucional puede proclamarse católica ni adscribirse a ninguna otra confesión.

Alternativa Laica respeta profundamente todas las creencias individuales y, precisamente por ello, entiende que el Ayuntamiento no puede comprometerse como institución, ni poner sus símbolos al servicio de un dogma religioso. Por ello, ha intimado por escrito a su Alcalde para que actúe de acuerdo con la legalidad, como es su deber, por muy mayoritaria que pueda resultar la aceptación social del rito en el que, año tras año, la Corporación viene escenificando la supeditación del poder civil local al poder eclesial. De no hacerlo así, Alternativa Laica estudiará el planteamiento de las acciones legales correspondientes, para que el poder judicial recuerde al ejecutivo local cuál es su verdadero lugar dentro del marco constitucional.

Toledo, a 5 de diciembre de 2007

La presencia de ambos gobiernos en Roma en el acto de beatificación masiva es inoportuna e injustificada y, además, supone un agravio para la memoria de las otras victimas de la guerra civil y de la dictadura; mientras tanto, los obispos españoles establecen una mezquina distinción entre las victimas propias y las ajenas.

Nada habría que decir del derecho de la jerarquía católica a promover la memoria de sus llamados mártires y su beatificación en masa si no fuera porque este evento, aparentemente religioso, no es otra cosa que un acto político, partidario, en el que, una vez más, quienes dieron título de cruzada a una sublevación militar, bendijeron, como el obispo Gómara, la entrada de su evangelio por las brechas que abrían los cañones y dieron su apoyo a una dictadura que cercenó los derechos de todos los ciudadanos, se resisten aún hoy a pedir perdón y niegan a las victimas de la represión militar y golpista el justo reconocimiento que les debe la sociedad.

El fanatismo que caracteriza a la conferencia episcopal española y a la actual curia vaticana parece producirles una visión obtusa de la realidad, llevándoles a considerar la época de la Segunda Republica como la de mayor persecución religiosa en la historia, olvidando interesadamente la implacable persecución que la propia iglesia ha protagonizado contra infieles, herejes o rojos.

Alternativa Laica considera sorprendente en este contexto, la presencia del gobierno de la nación con una representación de alto rango institucional, encabezada por el Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en esta ceremonia de beatificación masiva argumentando una pretendida "normalidad institucional”, considerándola como un acto de naturaleza religiosa, cuando en realidad está concebida por sus organizadores con una clara intencionalidad política, militante y hasta electoral para contrarrestar la Ley llamada de la Memoria Histórica, largamente reprobada por los obispos españoles.

La pretensión del Gobierno de la Nación de eludir de forma vergonzante dicha intencionalidad en aras de un hipotético gesto con la jerarquía católica, no hace sino poner más en evidencia que, en su afán por limar las asperezas con la "militante” Iglesia española, su gesto agravia a muchos ciudadanos que todavía hoy no han visto restituidos sus derechos. A muchos de ellos les costará entender esta actitud en un gobierno progresista.

Si incomprensible es la asistencia del gobierno de la nación en este acto, más aún lo es la del Gobierno de Castilla- La Mancha representado por la Consejera de Justicia y Protección Ciudadana ya que su presencia en Roma es absolutamente gratuita y al margen siquiera de los usos y costumbres diplomáticos del Estado y guiada exclusivamente por una política de gestos hacia la sede primada de Toledo, a la que se trata de forma reverencial a pesar de representar las opiniones mas fundamentalistas de la Conferencia Episcopal.

La presencia de los gobiernos que nos representan a todos en este acto no es sólo inoportuna e injustificada, sino que ofende la memoria concreta de tantos y tantos ciudadanos, victimas de aquella guerra incivil y de su posterior dictadura.

Dicha presencia, por tanto, además de mezclar a las instituciones políticas y democráticas en actos de pretendida significación religiosa, supone para Alternativa Laica un grave error político y un alejamiento del compromiso de defender los comportamientos laicos del Estado, cediendo una vez más frente a aquellos que, a pesar de los gestos, "no pararán hasta conseguir sus últimos objetivos” y ello aun a costa de sacrificar planteamientos que por justicia histórica y social serían coherentes con un gobierno progresista.

Mientras los obispos españoles establecen con este acto una mezquina distinción entre las victimas propias y las ajenas, el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha, presididos por socialistas, deberían actuar de forma coherente y justa con la historia y con la memoria, negándose a participar en un acto de esta índole.

Toledo, 27 de octubre 2007

La Asociación Alternativa Laica se reunió ayer lunes con el Alcalde de Toledo para tratar diversos aspectos de la separación efectiva del poder civil y democrático de los usos y costumbres de ámbito religioso y la defensa de la aconfesionalidad de los poderes públicos.

La Asociación Alternativa Laica se reunió ayer con el Alcalde de Toledo en el contexto de las diversas reuniones que viene manteniendo con instituciones y personas para exponerle los objetivos y fines de la asociación.

En el transcurso de la reunión, los miembros de la Junta Coordinadora de la Asociación Alternativa Laica plantearon al Alcalde y al Vicealcalde y Concejal de Cultura su punto de vista sobre distintos temas, que forman parte de las preocupaciones y principios en el ámbito municipal. En concreto:

En Toledo, a 23 de octubre de 2007

NO AL VETO AL CONCILIO ATEO

Alternativa Laica exige el levantamiento del veto por parte del Ayuntamiento de Toledo a la celebración del Concilio Ateo el próximo mes de noviembre.

Ante las informaciones aparecidas en prensa y las recientes manifestaciones públicas del portavoz municipal negando la cesión del Centro Social del Polígono para la celebración de unas jornadas de debate bajo la denominación de 1º Concilio Ateo organizadas por la Federación Internacional de Ateos (FIdA), la Asociación Alternativa Laica quiere manifestar lo siguiente:

Que la libertad de expresión es un valor constitucional fundamental y su protección debe estar por encima del hecho de compartir o no las diferentes opiniones políticas o las manifestaciones artísticas o culturales de quienes las expresen. Por tanto, ninguna autoridad debe arrogarse la capacidad de juzgar con carácter previo un acto o manifestación pública como condición para autorizar su celebración. Las expresiones artísticas u opiniones, calificadas de insultantes y agresivas a la fé católica por el portavoz del equipo de gobierno, debieran ser objeto de análisis cuando se hubieren producido, y no antes.

Alternativa Laica considera que, de confirmarse el veto a la celebración de dicha reunión, se estaría ejerciendo un abuso de poder al condicionar de forma tan evidente la autorización del uso de un local público municipal a los contenidos y planteamientos del evento

Una vez más, se pone de manifiesto que, de consumarse este veto, se estaría atropellando la libertad de creencias de los ciudadanos. Mientras se apoyan determinadas manifestaciones religiosas con todo tipo de medios, incluso con la participación de la propia corporación de forma indebida en ellas, se impide a otros, cuyas ideas no se comparten, los más elementales medios, como es el uso de un local municipal, lo que constituye una actuación injusta y discriminatoria.

Alternativa Laica consideraría este hecho muy grave, ya que, supondría la imposición desde el Ayuntamiento, y muy especialmente de su Alcalde, de una especie de censura previa determinada mas por sus creencias personales que por sus obligaciones constitucionales, cediendo a las más que probables presiones de los sectores más fundamentalistas de la jerarquía católica, y que significaría, en nuestra opinión, una nueva claudicación del poder civil municipal.

Por último, Alternativa Laica, con independencia de compartir o no los planteamientos de los organizadores de estas jornadas de debate, va a defender su derecho a celebrar dicha reunión y a expresar sus puntos de vista políticos sobre "el desafió de los fundamentalismos” con la agenda y los participantes libremente decididos por ellos. Alternativa Laica va a instar al equipo de Gobierno y a los grupos municipales de PSOE e IU que lo configuran a reconsiderar su posición y apoyaremos todas aquellas iniciativas que contribuyan a conseguirlo.

Toledo, 14 de octubre de 2007.

La Asociación Alternativa Laica se reunió ayer con el Consejero de Educación en el contexto de las diversas reuniones que viene manteniendo con instituciones y personas para exponerle los objetivos y fines de la asociación. En el caso de la Consejería de Educación, por su marco de competencias en el sistema educativo, Alternativa Laica expuso su convicción de que sólo una escuela pública y laica puede responder a la obligación del Estado y, por tanto, de la Comunidad Autónoma de garantizar el derecho a la educación, cuyo objeto es, según la Constitución, "el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

En el transcurso de la reunión, los miembros de la Junta Coordinadora de la Asociación Alternativa Laica plantearon al Consejero y el Viceconsejero de Educación su punto de vista sobre distintos temas, que forman parte de las preocupaciones y principios en el ámbito educativo. En concreto:

1. La Educación para la Ciudadanía, que tras la polémica suscitada interesadamente por algunos colectivos afines a la jerarquía católica, debiera desarrollarse con el máximo apoyo por parte de la administración educativa en tanto que expresión de la obligación del Estado a formar ciudadanos críticos, libres y responsable
2. La pervivencia de símbolos religiosos en muchos centros educativos sostenidos con fondos públicos que vulneran el principio de aconfesionalidad del Estado y que pueden suponer una falta de respeto a los padres, alumnos y profesores de distintas creencias religiosas y de convicciones no religiosas
3. La evolución de los conciertos educativos con los centros de ideario religioso, haciendo hincapié en la apuesta por la educación en centros de titularidad pública
4. La actual situación de la enseñanza de la religión en los centros públicos, cuyo marco legal heredado de acuerdos preconstitucionales permite el adoctrinamiento de los alumnos y sostiene una importante nómina de profesores de religión financiada con fondos públicos, que en nuestra opinión, debería desaparecer, reservándose la educación religiosa para el ámbito de lo privado

Alternativa Laica se interesó por la futura Ley de Educación de Castilla La Mancha y por la traslación a la misma de los principios de neutralidad del sistema educativo en materia religiosa, que es la máxima expresión del respeto a las creencias de todos los ciudadanos. La reunión finalizó con un emplazamiento al diálogo en el ámbito educativo y la disposición de Alternativa Laica a trasladar sus propuestas en ésta materia.

En Toledo, a 8 de octubre de 2007

La polémica generada en torno a la Educación para la ciudadanía es de carácter político y no educativo, como debiera ser, y se ha producido, sobre todo, en los medios de comunicación y al margen de los sectores integrantes de la comunidad escolar. La Asociación Alternativa Laica ya denunció con anterioridad la campaña que anima a no cumplir la ley, en un clima de crispación dirigido a fabricar artificialmente un problema político. Las llamadas a la objeción de conciencia que están orquestando la jerarquía eclesiástica y sus asociaciones satélites, utilizan de forma descarada a las familias con el único objetivo de intentar mantener una influencia privilegiada en el sistema educativo, como si la enseñanza fuera un coto privado en el que la iglesia pretende perpetuar sus particulares concepciones de moral única ajena a los cambios sociales.

La transmisión de valores no es patrimonio de unos pocos, menos aún de una moral religiosa, y no es sólo función de la familia, sino que todo Estado debe formar a sus ciudadanos en unos principios comunes independientes de las creencias personales o familiares. Valores como la igualdad de género, la libertad ideológica, la participación democrática, el respeto a las diferencias de origen, de creencias, de orientación sexual o de cualquier otra índole…son valores compartidos por el conjunto de la sociedad actual y dignos de ser promovidos y enseñados en la escuela.

Por esta razón, la Asociación Alternativa Laica se ha dirigido al Consejo Escolar Regional para solicitarle que impulse el debate educativo que la materia Educación para la Ciudadanía y sus enseñanzas requieren y para que este debate se dé en el ámbito apropiado, ya que el Consejo Escolar Regional es un órgano de participación social cuyo fin es asesorar a la administración educativa en el desempeño de sus funciones y en el que están representados los distintos sectores de la comunidad escolar, padres, alumnos, profesores y la propia administración.

La Asociación Alternativa Laica considera imprescindible en el escrito dirigido al Consejo, que este se pronuncie al menos sobre los siguientes elementos:

1. El papel de la administración en la promoción de los valores del Estado social y democrático de derecho en el que vivimos y la defensa de la educación como mecanismo de lucha contra las desigualdades de origen y como foro de transmisión de valores comunes de todo ciudadano, que contribuyan a promover un modelo de ciudadanía responsable crítica y participativa independientemente de las creencias personales de cada uno.
2. Los criterios de selección de los materiales y libros de texto adecuados para alcanzar los objetivos educativos planteados en los decretos de desarrollo del currículo, entendiendo que los materiales y libros de texto que la administración educativa autorice para la impartición de esta materia no pueden, en ningún caso, dar pie a la desnaturalización de los objetivos o contenidos recogidos en las normas de desarrollo del currículo escolar y en el espíritu de la Ley de la que derivan.

Toledo, 25 de Septiembre 2007

Finaliza este mes la campaña de la renta del presente ejercicio, es pues oportuno realizar una aproximación a la realidad económica de las contribuciones del Estado a la Iglesia católica, toda vez que las continuas exigencias de la misma al Gobierno no consiguen acabar con su permanente voracidad económica a pesar de las cesiones en esta y en otras materias.

La Iglesia católica se financia en España por varias vías, siendo la principal y más directa la proveniente de la asignación tributaria, la famosa casilla del 0,5239%, complementada mediante un suplemento presupuestario previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que garantiza una cuantía mínima con independencia de lo efectivamente recaudado a través de las declaraciones a su favor en el IRPF. Los ingresos por este concepto en el ejercicio 2005 supusieron una cuantía de 141,4 millones de euros (23.538 millones de pesetas)

La otra vía de financiación es de carácter indirecto mediante el otorgamiento de una serie de beneficios fiscales, especialmente por la exención del IVA de las adquisiciones destinadas al culto católico, y de otros tributos locales como el IBI y el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (conocido como Plusvalía,) conformando un auténtico paraíso fiscal en el que se desarrollan la mayoría de sus actividades y cuyos cálculos estimativos algunos expertos de Hacienda sitúan en torno a 750 Mll.de euros.

Esta situación es a nuestro juicio injustificable desde la perspectiva del principio de laicidad del Estado y rompe especialmente la neutralidad y no discriminación por motivos religiosos implícitos en nuestro ordenamiento constitucional.

Lejos de corregir esta situación que en 1987 se pactó con carácter transitorio para tres años, y que ha durado 20, el actual Gobierno ha vuelto a acordar un sistema que eleva la asignación tributaria al 0,7% de la declaración de la renta de los contribuyentes (un 34% más) alejándose del compromiso aceptado por ambas partes en 1987 de que la iglesia llegara a la autofinanciación. La única supuesta contrapartida de este incremento porcentual será que las operaciones comerciales de la Iglesia tributarán el IVA, condición por otra parte exigida durante años por la Unión Europea, y que desaparecen las aportaciones suplementarias vía PGE. Los ingresos pasarán de 144 Mll.de euros a 175 el próximo año, (29.117 Mll. de pesetas).

Con este sistema, llamado impropiamente "impuesto religioso”, el católico no añade ni un euro de su bolsillo en el IRPF. Es en realidad Hacienda quien lo resta de los ingresos públicos totales a petición de un creyente que con ese mecanismo aporta al Estado el 99,3% de su cuota fiscal, no el 100% como el resto de los españoles. En otras palabras, el 0,7% de la cuota de los católicos, es un dinero que deja de ingresar el Estado, de tal forma que dos ciudadanos con el mismo sueldo no contribuyen por igual a las finanzas públicas con las que sostener los servicios o las infraestructuras del país. Se rompe con ello el principio de igualdad tributaria, ya que la contribución al sostenimiento de los servicios de interés general de quienes ponen la cruz a favor de la Iglesia católica es menor que la de quienes no la ponen.

Por tanto, no sólo no hay cambio de modelo, sino que la nueva fórmula reitera y acrecienta la incompatibilidad con los principios de separación y neutralidad del Estado. Se mantiene la financiación con fondos públicos, es decir, se entrega dinero público a la Iglesia para una actividad y unos objetivos confesionales, fundamentalmente para el sostenimiento del culto y el clero, convirtiendo al Estado en recaudador y a la Iglesia católica en receptora pasiva de lo recaudado sin esfuerzo alguno y sin abordar una vez más la auténtica raíz del problema: que la financiación de las confesiones religiosas debe canalizarse mediante la mentalización de los fieles para que estos realicen sus propias aportaciones.

Por otra parte los datos sobre los contribuyentes que marcan la casilla de la Iglesia católica han ido claramente en retroceso, lo que sin duda ha obligado a acrecentar las presiones sobre el ejecutivo para aumentar el porcentaje y mantener de forma "estable” el modelo. Se ha pasado de un porcentaje de un 45,58% de declarantes en el año 1988 que marcaban la casilla a favor de la Iglesia a tan solo un 22% en el 2005 en una clara y fehaciente expresión del fracaso de la fórmula que a su vez pone en cuestión aquellas afirmaciones de algunos sectores que de forma interesada sitúan a mas del 80% de los españoles como católicos declarados sin que esto tenga ningún correlato con su compromiso en el terreno de la contribución al sostenimiento de su iglesia y una muestra más que evidente de la tradicional tacañería del católico español.

A todo ello hay que añadir las aportaciones cuantiosísimas del Estado en el campo de la enseñanza o la asistencia social. Así por ejemplo el Estado paga el sueldo de los profesores de religión en centros públicos porque asume la enseñanza de la doctrina católica en las escuelas públicas, una nómina de unos 15.000 profesores (517 Mll. de euros) o el sistema de conciertos educativos (3.200 Mll. de euros) según estimaciones oficiales a través de 2376 centros concertados el 80% del total de privados subvencionados.

Además el Estado paga la nómina de los capellanes hospitalarios o castrenses, a lo que se une la multitud de ayudas de las diferentes administraciones para el mantenimiento y sostenimiento de su ingente patrimonio artístico e inmobiliario, por no hablar de las cesiones en muchas ocasiones gratuitas o a precios simbólicos de suelo público para la construcción de sus lugares de culto.

Las estimaciones por tanto de las aportaciones del Estado a las actividades de la Iglesia en España se sitúan en 5057 Mll. de euros (841.414 Mll. de pesetas). Una Iglesia que está exenta de numerosos impuestos, que juega en bolsa, que desarrolla variadas actividades económicas y que gestiona un ingente patrimonio inmobiliario.

Parece pues evidente que este estado de cosas choca frontalmente con la afirmación constitucional de que "ninguna religión tendrá carácter estatal”.

Y todo ello al servicio del mantenimiento de un enorme poder social y económico que pretende traducirse en influencia de su doctrina en la sociedad y en numerosas ocasiones en presiones intolerables y ataques furibundos al poder civil legítimamente emanado de la voluntad popular. Poder civil que parece actuar con una cierta ingenuidad cuando tras ceder en materia de financiación vuelve a encontrarse con campañas de la máxima dureza contra el Gobierno por parte de la jerarquía católica en el terreno de los derechos de ciudadanía, la educación o la política general, ejerciendo de auténtica infantería alineada claramente con la derecha en sus expresiones mas beligerantes.

Así pues al acabar la actual campaña de la renta y a la vista de los datos sería conveniente que el Estado saque sus conclusiones y mientras a los ciudadanos nos toca sacar las nuestras.

Toledo, 4 de Julio 2007

El alcalde y los restos de San ildefonso

Tras el acto que ha tenido lugar este fin de semana en el que el alcalde y gran parte de la corporación municipal han participado en el recibimiento de los restos de San Ildefonso provenientes de Zamora, la Asociación Alternativa Laica quiere manifestar lo siguiente:

1. Que en línea con la necesidad de una real y efectiva separación de las Instituciones Públicas de los eventos religiosos y celebraciones promovidas por las diferentes confesiones religiosas, el acto celebrado en la Puerta de Bisagra y la posterior procesión hasta la catedral, sitúan al Ayuntamiento y a su Alcalde participando en un rito católico en torno a unos restos cuya presencia en la ciudad tienen un carácter estrictamente religioso y simbólico para los creyentes, pero en ningún caso, forma parte de las funciones para las que los ciudadanos los eligieron.
2. Como es lógico, en una sociedad democrática, el poder civil debe respetar las tradiciones y las prácticas de las distintas religiones, pero no confundirse con ellas hasta el punto de considerar la participación del ayuntamiento como un elemento de identificación de toda la ciudad con aquellas, lo que supone una evidente falta de respeto a las creencias de otros ciudadanos y de aquellos que no profesan creencia religiosa alguna.
3. La Asociación Alternativa Laica considera que la participación de Alcalde y concejales en el recibimiento de estos restos
4. y los subsiguientes ritos organizados por la Iglesia representan un sometimiento intolerable de la ciudad a dogmas de fe o advocaciones religiosas bajo el pretexto de las tradiciones, hecho impropio de una sociedad civil, democrática y moderna.
5. Con este tipo de actuaciones, se confunden las tradiciones religiosas (legítimas, pero no las únicas, ni todas las de la ciudad) con la pretensión de mantener una relación privilegiada entre la jerarquía católica y las instituciones civiles, en este caso el Ayuntamiento de Toledo representado por su Alcalde, ya que una cosa es respetar las tradiciones religiosas y otra vincular o someter a las instituciones municipales democráticas a ellas.

Hacemos un llamamiento a que el cambio de la corporación, con una nueva mayoría de progreso, tenga su expresión también en el terreno de las prácticas y las actitudes de las autoridades municipales en línea con el avance hacia una sociedad laica basada en la separación del Estado de las confesiones religiosas que es un principio inherente a nuestro ordenamiento constitucional y, por tanto, debe desarrollarse en los diferentes ámbitos de la vida pública y de sus instituciones como elemento de imprescindible respeto a todos los ciudadanos.

Toledo, 25 de Junio 2007

En los últimos tiempos, estamos asistiendo a una campaña de acoso contra el sistema educativo utilizando como pretexto la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, campaña que, aunque de ámbito nacional, cobra en Toledo una especial virulencia en lo que parece un intento de ser los primeros de la clase y la punta de lanza de la contienda. Así, aparecen en la prensa noticias como la amenaza de un cura con no dar catequesis a quienes cursen la materia de EPC, se pone en marcha la recogida de objeciones de conciencia, se anuncia una querella contra el Delegado Provincial de Educación por el contenido de una nota interna y el cardenal anima a sus fieles a no cumplir esta ley indicándoles en una pastoral que con ello contribuyen al bien común. Todo esto, en un clima de crispación que se dirige a fabricar artificialmente un problema político y a generar alarma social utilizando el peso de las sotanas sobre las conciencias y con argumentos falsos.

En el decreto de enseñanzas mínimas podemos leer "la Educación para la ciudadanía tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e integras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable”. Y entre los contenidos que forman parte de esta materia podemos encontrar los siguientes: el desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria; la declaración universal de los derechos humanos; la conquista de los derechos de las mujeres; el Estado de derecho y su funcionamiento… Parecería que quienes califican de doctrinarios estos contenidos puedan tener problemas de conciencia respecto a ellos, tal vez, por su escasa identificación con los valores democráticos que inspiran nuestro ordenamiento constitucional.

La transmisión de valores no es patrimonio de unos pocos, menos aún de una moral religiosa, y no es sólo función de la familia, sino que todo Estado ha de formar a sus ciudadanos en unos principios comunes independientes de las creencias personales o familiares. Valores como la igualdad de género, la libertad ideológica, la participación democrática, el respeto a las diferencias de origen, de creencias, de orientación sexual o de cualquier otra índole…son valores compartidos por el conjunto de la sociedad actual y dignos de ser promovidos y enseñados en la escuela.

La LOE es una ley aprobada por amplia mayoría parlamentaria y, como todas, hay que cumplirla. No es posible en un sistema democrático elegir el cumplimiento de las leyes a la carta y en función de nuestras preferencias particulares. El sistema educativo, que también incluye los centros concertados, se ordena a partir de una legislación cuyos contenidos y materias los determina la Administración competente (el Ministerio de Educación y la Consejería correspondiente en la Comunidad Autónoma). La falacia según la cual un padre o una madre pueden ejercer la objeción de conciencia sobre una determinada materia por considerarla inapropiada según su particular código moral o de valores no es más que un eufemismo del llamamiento encubierto al incumplimiento de la ley.

En esta campaña, con características de auténtica rebelión, que están orquestando la jerarquía eclesiástica y sus asociaciones satélites, se utiliza de forma descarada a las familias con el único objetivo de intentar mantener una privilegiada influencia en los contenidos del sistema educativo, como si la enseñanza fuera un coto privado en el que la iglesia pretende perpetuar sus particulares concepciones de moral única ajena a los cambios sociales.

El ordenamiento jurídico español reserva la objeción de conciencia para aquellos casos en los que la propia ley lo recoja explícitamente. La LOE no establece supuesto alguno en éste sentido y, por tanto, los currículos de todas las materias tienen que impartirse en su totalidad. Sencillamente, en este caso, la objeción de conciencia no es posible. Y curiosamente, la patronal de los centros concertados (es decir, aquellos centros privados, la mayoría religiosos, sostenidos con fondos públicos) no reivindica ejercer como tales objeción de conciencia alguna por miedo a perder las cuantiosas aportaciones económicas del Estado y el propio concierto, sino que deja esta responsabilidad a los padres en un verdadero ejercicio de fariseísmo poniendo de manifiesto una vez más, que una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo.

Desde la Asociación Alternativa Laica, queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad de los padres para hacer frente a aquellas actitudes que, desde una campaña intolerante, sólo pretenden crear crispación social y defender intereses ajenos a la educación de sus hijos.

Por último, cabría reflexionar sobre el papel de esta Administración que, tras asumir numerosos planteamientos de la jerarquía eclesiástica y de los sectores educativos vinculados a ella durante la tramitación de la ley y los decretos de desarrollo, se muestra incapaz de hacer frente con un mínimo de contundencia a los argumentos equívocos de quienes de forma insaciable no pararán hasta "conseguir sus últimos objetivos”. Sería deseable una respuesta política adecuada en lugar de la habitual tolerancia y beneplácito frente a aquellos que desde los púlpitos hacen apología contra el parlamento y el gobierno legítimos llamando a la desobediencia civil. Y, por supuesto, la respuesta jurídica o judicial necesaria para la defensa de la ley y de la propia administración que la ha impulsado.

Toledo, 11 de junio de 2007.

Una vez más, ante la fiesta grande de la ciudad, caben las más variadas apreciaciones y diferentes puntos de vista, no sólo sobre la organización de las mismas, su grandiosidad, su repercusión económica o su valoración ciudadana, sino también sobre su propio carácter popular, su arraigo o tradición y las manifestaciones litúrgicas que la acompañan.

La Asociación Alternativa Laica, desde el mayor respeto a todas las opiniones y, desde luego, a todos los toledanos y todas las toledanas, queremos poner de manifiesto el punto de vista de aquellos que, desde una reivindicación de la parte más laica de las fiestas, incluso de aquellas que, como el Corpus, tienen una larga tradición en la ciudad, consideramos que debe primar su carácter popular frente al intento de monopolización religioso-litúrgica que se nos pretende imponer desde la jerarquía eclesiástica.

Por otra parte, la permanente vinculación de los poderes públicos locales y regionales a los eventos de carácter religioso que forman parte de las fiestas del corpus genera una notable confusión entre la lógica colaboración institucional en la promoción de una fiesta con notable arraigo popular y su participación directa en la procesión o en los actos litúrgicos programados por la iglesia.

La procesión del corpus es una manifestación religiosa que forma parte de las fiestas de la ciudad de Toledo. Los poderes públicos deben garantizar la libre expresión de las creencias de los ciudadanos y pueden colaborar con las confesiones religiosas. Pero esto no debe implicar que las autoridades civiles deban estar sometidas a dicha colaboración ni deban formar parte de estas u otras manifestaciones religiosas. Al contrario, deben garantizar la estricta neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa como símbolo de respeto a las distintas creencias religiosas y a aquellos ciudadanos que no profesan creencia alguna.

El hecho de que los poderes públicos y las autoridades que los representan, alcalde y concejales, presidente del gobierno y consejeros, miembros de otras instituciones, desfilen dentro de la procesión en calidad de tales (ya que, como es evidente, dejan de hacerlo al no ostentar el cargo) significa que el poder civil se implica formando parte activa en un acto de carácter religioso pretendiendo representar a la institución que preside y para la que fue elegido democráticamente mediante el sufragio de creyentes y no creyentes y de ciudadanos con distintas confesiones religiosas.

En los actuales momentos de desarrollo de la sociedad española, es exigible a los representantes de las instituciones democráticas el más elemental respeto a los ciudadanos de todas las creencias, pero también al ordenamiento jurídico español, que proclama que "ninguna confesión tendrá carácter estatal”. La separación efectiva del Estado y la Iglesia debe formar parte también de los usos y costumbres y, por tanto, de las tradiciones religiosas, que nada tienen que ver con las funciones institucionales de los poderes públicos.

En consecuencia, desde la Asociación Alternativa Laica vamos a proponer al futuro alcalde de Toledo y a la nueva mayoría de gobierno de la corporación:

1. que se comprometan en su de gobierno municipal a garantizar la efectiva separación entre sus actuaciones como alcalde o concejales de todo tipo de manifestación religiosa como símbolo de respeto a las creencias de todos los ciudadanos
2. que se comprometan a separar explícitamente sus creencias personales de aquellas conductas que realizan en calidad de representantes políticos, lo que implicaría en relación con el Corpus su participación institucional en todo caso en una ámbito distinto y fuera del desfile procesional.

Toledo. 6 de Junio 2007

La Asociación Alternativa Laica nace en Toledo con la clara intención de intervenir en el debate social con la idea de avanzar hacia una sociedad laica cuyos poderes públicos garanticen la libertad de conciencia de sus individuos, sin que estos puedan ser discriminados por razón de sus creencias o convicciones. Las permanentes injerencias y presiones de los grupos religiosos en la vida pública, muy especialmente la iglesia católica y su jerarquía, obligan cada día más a que se exija la igualdad de trato por parte de los poderes públicos a las distintas creencias, incluidas las no religiosas.

Nuestra asociación, que defiende el laicismo y, por tanto, el pluralismo ideológico y político como base del Estado de Derecho, considera que ante una cita electoral de la importancia de unas Elecciones Municipales y Autonómicas, las fuerzas políticas que concurren a las mismas deberían comprometerse a desarrollar en su actuación futura en las instituciones aquellas propuestas electorales y aquellas prácticas que, siendo respetuosas con las creencias sociales, garanticen a la vez la autentica separación entre las instituciones surgidas de las urnas y las confesiones religiosas y de sus ritos y prácticas, sin alegar un determinado arraigo social para mantener actuaciones confusas.

Por ello planteamos las siguientes propuestas para su eventual estudio y toma en consideración por parte de las fuerzas políticas que concurren a las Elecciones Municipales y Autonómicas en Castilla- La Mancha.

1. Separación real y efectiva de las Instituciones Públicas surgidas de estas elecciones, Ayuntamientos, Parlamento y Gobierno, de aquellos eventos religiosos o celebraciones promovidas por las distintas confesiones religiosas.
2. Definición de la participación de los cargos públicos en los actos religiosos a título individual, separando sus creencias personales de la institución a la que pertenecen.
3. Desarrollo de un protocolo de relaciones institucionales con las confesiones religiosas, especialmente con aquellas, que, como la iglesia católica, por su presencia social y jerárquica, disfrutan en la práctica de un estatus privilegiado con las instituciones políticas democráticas.
4. Eliminación de cualquier sometimiento de las Instituciones y de las Administraciones Públicas a dogmas de fe o a advocaciones religiosas.
5. Prohibición del uso de símbolos religiosos en todas las dependencias de las instituciones municipales y autonómicas como señal de respeto a las diferentes creencias
6. La política de ausencia de símbolos deberá ser especialmente rigurosa en la Escuela Pública, cuya esencia científica y no doctrinaria es el emblema de la educación.
7. Estudio y eliminación, en su caso, de aquellos privilegios en materia impositiva que mantenga la Iglesia Católica en los ámbitos competenciales de Ayuntamientos y Comunidad Autónoma.
8. Compromiso de eliminación de privilegios en relación a la cesión gratuita o a precio simbólico de terrenos de titularidad pública por parte de los Ayuntamientos a cualquier confesión religiosa.
9. Desaparición de la vieja práctica de inauguraciones de locales, dependencias, instalaciones etc., de titularidad pública por parte de las jerarquías religiosas.
10. Compromiso con la defensa de la libertad de expresión y de las distintas manifestaciones de la cultura, oponiéndose a las actuaciones que pretendan censurar las mismas en base a supuestos agravios religiosos.

Como conclusión final Alternativa Laica considera que el avance hacia una sociedad laica basada en la separación del Estado de las confesiones religiosas es un principio inherente a nuestro ordenamiento constitucional y, por tanto, debe desarrollarse en los diferentes ámbitos de la vida pública y de sus instituciones como elemento de imprescindible respeto a los ciudadanos. Por ello, los partidos políticos, como vehículos de representación y opinión, deben comprometerse con ello incorporando unas prácticas cada vez más respetuosas y democráticas con la sociedad actual.

Toledo, 25 de Abril de 2007.

Hace unos días se hizo pública una sentencia del Tribunal Constitucional que pone de manifiesto, una vez más, el anacronismo de los acuerdos entre el Estado Español y la Iglesia Católica. Esta sentencia referida al estatus de los profesores de religión en la escuela pública avala mediante su doctrina el despido de estos docentes por razones extralaborales y en función de su vida privada, llegando a afirmar textualmente que los mismos debieran destacar "por el testimonio de vida cristiana”.

El recurso que trataba sobre una mujer separada que vivía con un hombre que no era su marido, motivó la decisión del obispado de Canarias que hizo que la despidieran al negarle la "idoneidad” para efectuar su trabajo tras diez años de impartir clases de religión.

El problema suscitado por el hecho de admitir en la sentencia que, en la escuela pública, la enseñanza de la religión católica esté marcada, en lo que a la relación laboral de sus profesores se refiere, por exigencias que van más allá de la ley supone en la práctica admitir que las prerrogativas de los obispos están por encima de las garantías jurídicas y más en concreto escapan del ordenamiento laboral propio del derecho del trabajo, situando a la Iglesia en una zona de privilegio por encima de las leyes de aplicación al conjunto de ciudadanos.

El Estado, lamentablemente, ha asumido la religión como materia a enseñar y la ha incluido dentro de los itinerarios educativos. Desde ese momento, la Administración Educativa debería hacerse responsable de que estas enseñanzas se ajusten a la legalidad definida por la Constitución. Los acuerdos con la Iglesia suponen en la práctica una dejación de la responsabilidad del Estado permitiendo que los contenidos sean doctrinarios y no educativos, que la elección del profesorado no se ajuste a las normas generales y asumiendo, eso sí su financiación.

Respecto al profesorado de religión el Estado permite que la elección se haga en base a criterios de confianza de los obispos. Esto no sería ningún problema si dicha elección se realizara para desempeñar un puesto de confianza de la Iglesia dentro de su estructura y financiada por ella misma. Pero, la contradicción deviene de una situación en la que los obispos, deciden, el Estado contrata y paga (una nómina de 17000 profesores con un importe en torno a los 517 millones de euros anuales) y, además, asume las consecuencias de los incumplimientos de la jerarquía católica en materia laboral pagando los despidos que, por ser improcedentes o nulos, han supuesto al estado unos 300 millones de euros en indemnizaciones.

La conclusión de esta situación es clara: si los profesores de religión dependieran de la Iglesia Católica y la enseñanza confesional se impartiera fuera de la escuela pública no se plantearía ninguno de estos problemas.

La situación tras esta sentencia vuelve a poner de manifiesto las contradicciones que la enseñanza de la religión en la escuela pública produce en un estado definido como aconfesional por nuestra Constitución pero en el que la pervivencia de acuerdos con la Iglesia Católica en clara contradicción con la Carta Magna sigue vulnerando el principio de laicidad y vuelve a recordar la imperiosa necesidad de separación de la Iglesia y el Estado para no caer en confusionismos mas propios de otra época donde los poderes del estado delegaban y asumían la moral católica dominante como eje de sus actuaciones.

Alternativa Laica.

Toledo-26-Febrero-2007

En relación con la entrega de la medalla de oro de la ciudad al cardenal de Toledo.

En la tarde del pasado jueves el cardenal de Toledo recibió la Medalla de Oro de la Ciudad y fue nombrado Hijo Adoptivo suyo. ¿Su "mérito”?: única y exclusivamente haber sido nombrado Cardenal de la Diócesis de Toledo, según el acuerdo de la reunión celebrada por la Junta de Gobierno Local el 22 de febrero de este año, ratificado por amplísima mayoría del Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 23 de octubre. La propuesta había contado con adhesiones solicitadas expresamente por nuestro alcalde, y habían provenido, sobre todo, de instituciones y personalidades de la Iglesia Católica, entre los que se cuentan varios obispos y el secretario de la Conferencia Episcopal. No figura en el expediente ninguna de ciudadanos de Toledo.

Al acto asistieron, entre otros, miembros de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y, cómo no, numerosos concejales de nuestra ciudad. Y por si ello no fuera bastante, el galardón se lo llevaron a su casa, ya que el solemnísimo acto no se celebró en el Ayuntamiento, entidad concedente, sino en el Salón de Concilios del Palacio Arzobispal. Nótese la carga de sumisión que tiene el detalle en cuestión.

La cosa tiene un gran calado, y no precisamente de carácter democrático. Nuestra Constitución, en su artículo 16.-3, proclama que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Por fin, en la historia de España se rompió el nefasto maridaje Iglesia-Estado, que vino perdurando durante tantísimos siglos, salvo en dos breves períodos de progreso: el sexenio democrático de 1.868 a 1.874 y la Segunda República.

Es evidente que el esperpento del jueves malamente, o imposiblemente, casa con el espíritu del precepto constitucional, a cuyo imperio estamos todos sometidos y, en primer lugar, nuestros poderes públicos. Por el contrario, más bien recuerda prácticas políticas de otros tiempos cuando en plena dictadura los preceptos legales vigentes proclamaban a la Religión Católica como la oficial del Estado.

Espectáculos tan reprobables como éstos serían imposibles de ver en países de nuestro entorno cultural, como Francia, estado laico por ley desde el año 1.905. Será porque fue inventor del estado moderno. Nosotros, los españoles, mientras tanto tenemos una buena ley, la Constitución; pero nos han fallado ahora quienes, por sus cargos, deberían ser sus primeros defensores y ejecutores. Sirva esta carta abierta como reflexión, pero también como censura a una conducta de los poderes públicos que de forma acrítica y no exenta de oportunismo, no dudan en buscar supuestos apoyos electorales en interesadas fotos con un sector de la jerarquía eclesiástica haciendo dejación de importantes principios de un estado de derecho.

Toledo, 15 de diciembre 2006

La ausencia de símbolos, el mayor símbolo de respeto.

Todavía hoy, con una democracia consolidada, en un Estado oficialmente aconfesional, existen símbolos religiosos en los centros públicos docentes. Sobre todo, pertenecientes a una confesión religiosa que se resiste a perder en la Educación la preponderancia que se les concedió como contrapartida a su apoyo al eufemísticamente llamado "régimen político anterior” y a su cruzada.

Históricamente en nuestro país, en todas las épocas, siempre ha habido unos que impusieron la fe a otros, erigiéndose con ello en seres moralmente superiores, gendarmes de la fe verdadera y de la moral de la sociedad.

La escuela es la institución básica de la sociedad y se rige por los principios que imperan en ésta. Nuestra escuela se rige, por tanto, por los principios de pluralismo, tolerancia, democracia, respeto y convivencia, todos ellos incompatibles con la imposición de la fe que los símbolos religiosos representan.

La escuela tiene como misión fundamental la transmisión del saber frente al adoctrinamiento de la fe y debe preservarse como un espacio no doctrinario, de pluralismo, donde la diversidad que hoy reina en las aulas sea un valor en si misma y donde no puede haber lugar para la exclusividad de la creencia impuesta.

Todavía son muchos los que se resisten a la neutralidad de la escuela en materia de creencias y, no conformándose con los pulpitos, enarbolan la bandera de las costumbres contra la retirada de unos símbolos religiosos que nunca se debieron haber puesto y, en un alarde de demagogia, apelan precisamente a la tolerancia para preguntar a quién molestan los santos y los cristos llamando intolerantes a quienes abogamos por su inexistencia en los centros públicos porque pensamos que las creencias forman parte del ámbito privado y defendemos que la ausencia de símbolos religiosos es símbolo del respeto a todas las creencias, religiosas o no.

Toledo, 8 de diciembre de 2006

La fecha del 6 de Diciembre día de la Constitución se presta al análisis de la misma y es sin duda una oportunidad para evaluar su cumplimiento y desarrollo.

Cabe por tanto 28 años después de su aprobación y a la luz de los hechos, analizar en este caso el desarrollo de uno de los principios esenciales de la misma como es la separación del Estado de las confesiones religiosas.

O dicho de otra forma el desarrollo del principio de aconfesionalidad del Estado y su evolución hacia el laicismo en aplicación del principio de igualdad entre creyentes y no creyentes.

En efecto la Constitución del 78 rompe definitivamente con la definición del Estado que instaura la dictadura de Franco donde éste es definido como confesional y oficialmente católico, para pasar a un Estado democrático caracterizado por la neutralidad de los poderes públicos frente a los distintos grupos religiosos o ideológicos.

Este cambio radical en la manera de entender las relaciones entre el Estado y las religiones debería evolucionar en la dirección de garantizar la plena libertad de conciencia sin discriminación por razón de creencias o convicciones.

Sin embargo a la luz de la realidad, asistimos hoy a un desarrollo constitucional en materia de separación del Estado de las religiones y por tanto de garantías de igualdad de trato entre creyentes y no creyentes ciertamente preocupante.

La pervivencia de una legislación con numerosas prerrogativas a determinadas confesiones o grupos sobre el ejercicio de la libertad religiosa y

el mantenimiento de privilegios muy especialmente en el terreno educativo y económico, hacen que aquel principio esté siendo vulnerado por el Estado de forma continuada en la actualidad.

En efecto, sigue siendo una realidad la enseñanza de la religión en la Escuela Pública tras la nueva cesión del actual Gobierno de J.Luis Rodríguez Zapatero en la LOE, o el nuevo régimen económico establecido en relación con la Iglesia Católica que lejos de ser temporal y transitorio como fue concebido, se ha convertido en indefinido por los sucesivos gobiernos.

Dicho régimen en la práctica ha venido operando como una asignación tributaria con garantía presupuestaria, habiéndose incrementado recientemente hasta un 0,7 del IRPF.

Hay que añadir a ello el tratamiento fiscal que incluye numerosas exenciones impositivas (IVA, Transmisiones, etc.), las aportaciones del Estado a los conciertos educativos, el mantenimiento del clero, los salarios de los profesores de religión, o las aportaciones al mantenimiento del riquísimo patrimonio de la Iglesia Católica. Cifras que estimaciones recientes de la Administración del Estado calculan en torno a los 5057 millones de euros.

Sin duda esta situación tiene un encaje sumamente difícil en la definición de un Estado laico o aconfesional, toda vez que la financiación de las confesiones religiosas no puede entenderse nunca como garantía del ejercicio de la libertad religiosa y supone en cambio una flagrante violación del principio de igualdad y no discriminación por motivos religiosos contenido en el artículo 14 de la CE, y por tanto una clara vulneración de la neutralidad de los poderes públicos en materia de creencias y de libertad de conciencia.

La situación por tanto en un contexto de consolidación política tras el profundo proceso de renovación del ordenamiento jurídico y su acomodación a una nueva configuración de España como Estado social y democrático de derecho, que supuso la CE del 78, requiere de una profunda reorientación que asegure los cambios legislativos adecuados y las decisiones en el terreno político y económico para garantizar la real separación del Estado de las confesiones religiosas y el fin de los privilegios, asegurando por tanto el principio de laicidad del Estado y la igualdad de trato efectivo entre ciudadanos creyentes y no creyentes.

Esta es sin duda una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro desarrollo constitucional y este 6 de Diciembre del 2006 es un momento adecuado para reivindicarlo en nombre de muchos ciudadanos que desde el mayor respeto a las creencias religiosas o convicciones de todos consideramos que aquellas deben quedar en el ámbito de lo privado y preservar lo público, lo común de cualquier imposición o privilegio y menos aún del Estado, que debe ser su garante.

Juan José González Rodríguez

Toledo-5-Diciembre-2006