Toledo, 28 Febrero 2010

A pesar de todas las campañas y presiones ajenas al Parlamento puestas en marcha por los sectores mas conservadores y, muy especialmente, por la jerarquía católica, con la Conferencia Episcopal al frente, por fin, va a ver la luz una ley que amplía los derechos de las mujeres, que establece garantías jurídicas y despenaliza el aborto dentro de los plazos establecidos en la misma, a la vez que establece su ejercicio dentro del catálogo de prestaciones del sistema sanitario público. La ley recién aprobada regula una serie de derechos que conforman una visión integral de la salud sexual y reproductiva en todos sus aspectos como un elemento principal de la formación de la persona.

Con este cambio legislativo España se asemeja a los países de su entorno en esta materia, a pesar de hacerlo con un notable retraso.

Desde el punto de vista de la defensa de los derechos civiles, Alternativa Laica se felicita y felicita especialmente a las mujeres, que, a partir de ahora, podrán decidir sobre su maternidad y la interrupción de su embarazo con garantías jurídicas plenas y desde la consideración de sujetos con derechos, que no requieren de la tutela de instituciones o de supuestos expertos y que no tienen que estar sometidas a los dictados morales de nadie, excepto los propios de cada una.

Es, por tanto, un triunfo de la democracia y de los derechos, que a nadie obliga, y que sitúa el debate en la decisión libre de cada persona a pesar de aquellos que con anatemas y condenas morales ya están pidiendo su derogación.

En torno a la ley del aborto se han sucedido reiteradamente campañas malintencionadas y demagógicas que ponen de manifiesto la pretensión de imponer a todos y, fundamentalmente, a todas, formas de actuar y de pensar basadas en unas creencias que ni todos ni todas compartimos negando la libertad de actuar según las convicciones morales de cada persona, sin respetar, como si hacemos una mayoría de la sociedad, la libertad y el derecho a decidir de cada uno.

Pretenden que se legisle de acuerdo a su moral y según sus concepciones, olvidando interesadamente que el legislador se debe sólo y exclusivamente a los ciudadanos y que la función de legislar corresponde únicamente al Parlamento, cuyos diputados se han elegido democráticamente en las urnas. Se trata, sin duda, de una injerencia intolerable en la vida política, además de una evidencia de la falta de respeto a la obligada separación de las creencias religiosas de las funciones legislativas en un estado aconfesional o laico como el español. No existe nada por encima de la soberanía popular de la cual emanan todos los poderes del Estado, según la Constitución Española.

Por otra parte, las declaraciones del portavoz de la Conferencia Episcopal amenazando con la excomunión de aquellos diputados que hayan votado la ley, a la vez que exculpan al Rey que debe estampar obligatoriamente su firma para que entre en vigor la misma, no son más que otra muestra de la hipocresía y de la doble moral de la que la iglesia hace gala en su pretendido magisterio moral y que nos retrotraen al lenguaje y las prácticas de otros tiempos en los que el poder de la iglesia era y tenía efectos en este mundo.

La ley de salud sexual y reproductiva, o ley del aborto, es el resultado de la acción de un parlamento democrático. Pero algunos no pueden soportar que las personas tengan capacidad de decisión, sobre todo, si esas personas son mujeres, que para la iglesia siempre serán ciudadanas de segunda categoría.

NO OFENDE EL SÍMBOLO, SINO SU IMPOSICIÓN

La culminación de la instauración del “Santo Crucifijo” en todas las aulas de los centros educativos españoles fue ordenada el 30 de marzo del 39 por el Ministro de Educación, aconsejado por “el sentido cristiano de nuestra victoria y el reconocimiento de la ayuda de Dios al Caudillo de España”.

La España que, en palabras de la Ley de reforma de las enseñanzas medias de 1938, renacía a su auténtico ser cultural, quería templar las almas de los españoles con las virtudes de los grandes capitanes y políticos del Siglo de Oro, formados en la Teología Católica de Trento y en los triunfos guerreros por tierra y por mar en defensa y expansión de la Hispanidad (como se ve, nada que tenga que ver con las raíces cristianas de la construcción cultural de Europa con las que ahora nos quieren hacer comulgar).

Tanto se templaron nuestras almas del 38 al 78 que, al abordar el tránsito del Estado nacionalcatólico al Estado democrático de Derecho, convinimos en dejarnos en la gatera el erizado pelo de la confesionalidad.

En adelante, el Estado debía ser neutral.

Pero como nuestros dirigentes se llaman a andana, los laicos se lo tenemos que recordar. Lo más suave que los agitadores del tridente nos dicen por ello es que somos tontos, malévolos o resentidos.

-¡Que lo decidan los Consejos Escolares! –escurren el bulto los políticos-. Vale, pues que de paso voten también si la bandera española debe ondear en el patio del colegio o si la efigie de Su Majestad ha de ocupar un lugar destacado en el despacho del Director. -¡Ah, eso no se discute!- Entonces sí que les vemos, aparte de la indigencia del caletre, blandir la Constitución.

Obligado por ella, pero a regañadientes, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictaminado que, cuando los padres de un alumno soliciten la retirada de un aula -o de un espacio común- de un símbolo religioso, deberá procederse a ello de manera inmediata.

¡Vamos avanzando! A mi abuelo maestro, por quitar un crucifijo le hicieron un consejo de guerra.

CARTA ABIERTA AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYTO. DE TOLEDO

El próximo domingo, celebramos el trigésimo primer aniversario de la ratificación por el Pueblo Español de la Constitución Española de 1978.

No obstante, V.I., un día después, volverá a asestarle un profundo tajo.

La hendidura comenzará en el preámbulo, convirtiendo en ilegibles algunos fragmentos («voluntad de garantizar la convivencia democrática», «el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular» o «una sociedad democrática avanzada», entre otros), aunque mostrará su peor cariz entre el final del título preliminar (donde se dice que los poderes públicos están sujetos a la Constitución) y el comienzo del capítulo II del título primero (en el que se proclama nuestro derecho a no ser discriminados y se le ordena a V.I. que no se adhiera ni preste su respaldo a ningún credo religioso).

Tras haberle llevado ante los tribunales en dos ocasiones por haber jurado como Alcalde, y en nombre de todos nosotros, seguir defendiendo el dogma de la Inmaculada Concepción, y a la espera de que se resuelvan los correspondientes procesos; en esta ocasión, hemos optado por dirigir a V.I. esta carta abierta, en nuestra línea de censura hacia los cargos públicos que faltan a sus deberes de neutralidad e imparcialidad en materia religiosa.

Nos avala, para la ocasión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en su reciente sentencia en el asunto Lautsi contra Italia, afirma que dichos deberes son incompatibles con cualquier poder de apreciación por parte de las autoridades de la legitimidad de las convicciones religiosas o de sus modalidades de expresión.

A pesar de las demoras en el funcionamiento de la Administración de Justicia y de los tecnicismos jurídicos a los que se aferra su defensa, acabaremos probando que su intervención, como Alcalde, en el acto litúrgico de San Juan de los Reyes en la tarde del 7 de diciembre, va más allá de una mera recreación del día en el que el Ayuntamiento de Toledo se decantó del lado de los inmaculistas y en contra de los maculistas, entre los que -conviene saber- se encontraban San Bernardo, San Buenaventura, San Alberto Magno o Santo Tomás de Aquino. Claro que, en aquel tiempo, los munícipes no representaban al pueblo sino que se debían al Rey, Felipe III (que había pedido el apoyo para la causa inmaculista de las Iglesias y Universidades) y a la Inquisición española le quedaban aún más de doscientos años de historia.

En nuestra elección, también ha pesado comprobar que, mientras Alternativa Laica deberá correr con sus propios gastos, la defensa de V.I. la tendremos que pagar entre todos los toledanos, laicos incluidos. Pues para esto sí que no hay discriminación.

Aprovechamos la ocasión para manifestarle el testimonio de nuestra más alta consideración.

Alternativa Laica

Toledo, 4 de diciembre de 2009

El Gobierno Regional pretende durante este curso impulsar la Ley de Educación de Castilla La Mancha. Corresponde a la sociedad hacer aportaciones a esta propuesta. En este sentido, desde Alternativa Laica queremos presentar unas reflexiones para que se tengan en cuenta a la hora de elaborar el texto articulado que se presentará en las Cortes para su debate y aprobación.

El Documento de Bases para una Ley de Educación de Castilla La Mancha y el borrador de texto articulado de la ley recogen entre los principios que deben inspirar la educación en esta Comunidad Autónoma tres que requieren especialmente nuestra atención: “la igualdad de oportunidades y el desarrollo personal a través de la educación con independencia de variables personales, familiares, sociales, económicas, geográficas, étnicas o culturales”; “la educación en valores que ayude al alumnado a construir un juicio crítico y autónomo que le permita la plena participación democrática en una sociedad multicultural y diversa y la formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad”; y “la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos y prácticas del sistema educativo”.

La realidad de los centros educativos, sin embargo, contrasta con una definición de principios que, si bien compartimos, está aún lejos de tener un desarrollo acorde con los mismos.

La interculturalidad se traduce en numerosas ocasiones en homogeneización de la cultura, la sumisión de todas las culturas bajo el paraguas de la cultura dominante y la preparación de unas actividades multiculturales que recojan puntos de coincidencia.

Por otra parte y, so pretexto de la tradición y de lo que se entiende por “nuestra cultura”, se producen situaciones y se realizan actividades que no son más que la imposición a todos de unas creencias ideológicas y religiosas supuestamente pertenecientes a la cultura nacional o local. En este sentido, no es difícil encontrar multitud de ejemplos en las actividades extraescolares, las fiestas de final de trimestre, las simbologías colgadas en las paredes de las aulas o en las salas de profesores, las celebraciones patronales y tantas otras cosas.

El respeto a las culturas se interpreta en la gran mayoría de ocasiones como la organización de acciones o actividades que no molesten a la cultura dominante y la integración se entiende como la asimilación de la cultura a la que llegan los chicos y chicas desde otras partes del mundo sin darle a la diferencia el valor enriquecedor que en realidad tiene.

Los nombres de los centros educativos, las excursiones u otras actividades que se organizan, la ornamentación con motivos religiosos son elementos de imposición de unas creencias religiosas sobre todas las demás y, fundamentalmente, sobre las creencias y valores no religiosos.

La situación de la enseñanza de la religión en los centros educativos formando parte del currículo y, por tanto, en horario lectivo, es un elemento fundamental de la discriminación de un alumnado sobre otro y un claro ejemplo de distorsión en la escuela y del desarrollo educativo. La enseñanza de la religión condiciona los horarios de los grupos de alumnos, se utiliza como mecanismo de proselitismo, no está bajo el control efectivo de las administraciones educativas, sino de las eclesiásticas, y supone, en la práctica una discriminación sobre los chicos y chicas que no dan religión: a estos se les llama “los que no dan…”, de hecho, se les saca de sus clases para que los que si dan religión estén cómodos, y se les asigna un profesor para no hacer nada, ni el profesor ni los alumnos. Estos, o sus padres, o sus profesores, que no comparten las creencias religiosas supuestamente dominantes son considerados intolerantes o raros. Y todo ello por la aplicación de normas y acuerdos del Estado Español con el Vaticano que imponen, a través de las leyes educativas, que se favorezca el adoctrinamiento religioso dentro de la escuela pública,

En algunas ocasiones, la enseñanza confesional de algunas religiones con acuerdos con el Estado supone la difusión de principios, creencias y conductas de discriminación manifiesta de las mujeres, en clara contradicción con los principios rectores de la ley, sin que se pueda (aparentemente) evitar, pues la administración educativa deja en manos de los llamados profesores de religión los contenidos a impartir en sus clases, ya que estos no forman parte de las materias definidas en los decretos de currículo.

Por otra parte, la Administración Educativa elude, en muchos casos, la responsabilidad que debe tener sobre la convivencia en los centros. Delega en los Consejos Escolares y en los Equipos Directivos la función de arbitrar los mecanismos necesarios para eliminar las prácticas discriminatorias tradicionales, permitiendo y fomentando que los conflictos basados en ideologías y creencias religiosas se diriman entre los miembros de la comunidad educativa, en lugar de tomar la iniciativa para la eliminación de las condiciones que puedan generar conflicto y en lugar de defender la aconfesionalidad del Estado y, por tanto, de sus Instituciones, como el valor constitucional que es y debe ser.

Debemos ser conscientes de que pueden existir alumnos con distintas creencias religiosas o no religiosas, sobre las cuales ni ellos ni sus padres tienen obligación de declarar, en consonancia con el derecho fundamental a la libertad religiosa que consagra la Constitución. De la misma forma, tendremos en consideración que pueden existir profesores y personal de administración y servicios con distintas creencias religiosas o con ninguna, sobre las que no tienen obligación de declarar. Ni tienen que hacer publicas sus creencias religiosas o la ausencia de ellas, ni tienen que justificar qué credo profesar o no. Por tanto, los centros públicos de enseñanza deben favorecer la convivencia basada en la no existencia de simbologías, costumbres o actividades por las cuales los alumnos o sus padres, los profesores y el personal que trabaje en los centros educativos puedan sentirse agraviados o que puedan interpretarse como discriminatorios de unas creencias o privilegiadores de otras.

Los poderes públicos, deben ser, por tanto, los garantes de la neutralidad debida en materia de libertad religiosa. La administración educativa debe favorecer todas aquellas actuaciones tendentes a la tolerancia entre los miembros de la comunidad escolar evitando situaciones de discriminación por razón de creencias religiosas o ideológicas.

El deber de colaboración con las confesiones religiosas en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico y el respeto al derecho que asiste a los padres para elegir una enseñanza religiosa, en tanto, ésta esté recogida en las leyes de carácter básico, no puede utilizarse como argumento para defender actividades, programaciones, nomenclaturas, o simbologías de carácter religioso so pretexto de tradiciones o costumbres.

Los poderes públicos son los garantes de la igualdad de oportunidades como principio democrático. En este sentido, deben tener en consideración que, en muchas ocasiones, se apela a las tradiciones, costumbres o creencias mayoritarias o supuestamente mayoritarias para defender actuaciones que discriminan a unos individuos de otros o que privilegian los elementos supuestamente mayoritarios. En un país democrático, como es éste en el que tenemos la suerte de vivir, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y éstos no se definen por el mayor o menor número de personas o entidades que compartan unas creencias o costumbres. Al contrario, los sistemas democráticos son los que garantizan que las minorías accedan a los derechos en igualdad de condiciones que las mayorías y que no tengan que estar supeditadas a los dictados de quienes creen que el número es el que hace posible un derecho o una obligación.

En distintos países de nuestro entorno y en algunas regiones de nuestro país, ya se han dado pasos para que no exista discriminación por razón de creencias religiosas o ausencia de ellas. Los textos legislativos de otras Comunidades Autónomas, como Andalucía y Cataluña, recogen expresamente que la enseñanza pública es laica. Esto no contradice el ordenamiento jurídico español; al contrario, es una manifestación de la neutralidad del Estado en materia religiosa en tanto que favorece la libertad de creencia de los individuos sin actuar como privilegiador de unas creencias sobre otras. La enseñanza laica es enseñanza para todos, independientemente de las creencias religiosas o no que se profesen, al contrario que la enseñanza confesional, que sólo lo es para los que sigan una determinada doctrina.

Alternativa Laica considera que es imprescindible que la ley de Educación de Castilla La Mancha recoja expresamente como uno de los principios de la ley que la enseñanza pública, de conformidad con la aconfesionalidad del Estado, debe ser laica.

Asimismo, consideramos que las autoridades educativas de la región deben articular las medidas necesarias para que las enseñanzas confesionales recogidas por la LOE no supongan, de facto, una discriminación de los alumnos que no las cursan, que no condicionen la elaboración de los horarios escolares y que los gastos derivados de la elección de estas enseñanzas doctrinales por parte de los padres los sufraguen ellos mismos en coherencia con la elección libre y responsable que han realizado.

La enseñanza debe basarse en los conocimientos científicos y no en las creencias, a lo que habría que añadir que estas, en todas las religiones, suponen la discriminación de las mujeres, situación que se contrapone al principio de promoción de la igualdad efectiva de hombres y mujeres y se basan en principios acientíficos, cuando no anticientíficos, que se contraponen a los conocimientos que en esta sociedad debemos promover.

Así, pues, Alternativa Laica propone a la Administración Educativa, impulsora de la futura Ley de Educación de Castilla La Mancha, la inclusión de los siguientes elementos en el texto articulado de la Ley:

1. La escuela pública debe ser universal, no confesional y financiada íntegramente por el Estado y deberá respetar y promover el pluralismo ideológico y la libertad de conciencia, cuya defensa debe ser uno de sus objetivos fundamentales. Por ello, en el texto normativo, es imprescindible recoger como uno de los principios del sistema educativo o como eje del modelo educativo que la enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, es laica.
2. Los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres a elegir la formación moral de sus hijos. Las autoridades educativas articularán las medidas necesarias para que las enseñanzas confesionales recogidas por la Ley Orgánica de Educación no supongan de facto una discriminación de los alumnos que no las cursan, que no condicionen la elaboración de los horarios escolares y que los gastos derivados de la elección de estas enseñanzas doctrinales por parte de los padres los sufraguen ellos mismos en coherencia con la elección libre y responsable que han realizado.
3. La Consejería de Educación tomará la iniciativa en las actuaciones encaminadas a eliminar la simbología religiosa de los centros docentes públicos como principio de respeto a todas las creencias y a fomentar la desaparición de las costumbres y actividades de raíz religiosa.

Por último, es necesario hacer la siguiente reflexión: La Constitución Española de 1978 supuso un cambio radical en las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas, configurándose un modelo de Estado que se concreta en la garantía y respeto del pleno y real ejercicio del derecho de toda persona a la libertad de conciencia, sin discriminación por razón de sus creencias o convicciones. La laicidad es, por tanto, inherente al Estado Social y Democrático de Derecho, por lo que instamos al Gobierno Regional a que, coherentemente con estos principios, exija al Ministerio de Educación el impulso de los cambios normativos necesarios para eliminar de la Ley Orgánica de Educación las enseñanzas confesionales y religiosas en el sistema educativo.

Toledo, noviembre 2009.

Toledo 19 octubre 2009

Que la jerarquía católica promueva los actos litúrgicos que estime oportunos en torno a la beatificación personalizada o colectiva de algunos de sus miembros es algo que cae dentro de sus derechos en un país que garantiza la libertad religiosa y que, incluso, la protege legalmente. Pero que estos eventos religiosos de la jerarquía católica cuenten con la presencia de representantes políticos por una pretendida “normalidad institucional” no es otra cosa que la continuidad de las prácticas que en otros tiempos tenían por costumbre un uso abusivo desde el poder mezclando religión y política.

Alternativa Laica considera sorprendente que estos gestos de “normalidad institucional” se produzcan en un contexto de injerencia permanente de los obispos en la vida política española jaleando y animando las mayores movilizaciones contra el Gobierno de la nación y contra aquellas legislaciones progresistas que tratan de ampliar los derechos civiles.

Es incomprensible la asistencia de representantes de las instituciones regionales y locales de carácter progresista a este y otros actos después de escuchar estos días las declaraciones de determinados portavoces de la Conferencia Episcopal en relación a las legislaciones promovidas por el Gobierno de España y que están en fase de tramitación parlamentaria. Se pone de manifiesto que su presencia es absolutamente gratuita y que el trato reverencial que se dispensa a la Conferencia Episcopal no impide que ésta siga pretendiendo imponer a todos las posiciones más fundamentalistas.

Dicha presencia, que no se hace a título personal sino en función de un cargo representativo o institucional, contribuye a mezclar a las instituciones políticas y democráticas en actos de significación religiosa y suponen para Alternativa Laica un grave error político y un alejamiento de las prácticas y comportamientos de un estado laico. Insistimos, una vez más, en que para respetar las creencias religiosas y convicciones de todos, éstas deben quedar en el ámbito de lo privado y preservar lo público, lo común, de cualquier privilegio de trato. Las instituciones del Estado deben ser las mayores garantes de la igualdad y de la libertad.

Por otra parte, resulta patética la pretensión de algunos representantes políticos en este tipo de actos por eludir de forma vergonzante determinados posicionamientos de apoyo sobre los proyectos legislativos del Gobierno sustentado por su propio partido. Fue el caso del Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, que, con sus declaraciones públicas en relación al aborto, y supuestamente en aras a una hipotética defensa del consenso, no hace sino poner más de relieve el afán oportunista por agradar a la “militante jerarquía católica”.

Y no deja de resultar cuando menos curioso la enorme alegría del alcalde de Toledo por los resultados que producen la afluencia de visitantes a este evento religioso en la hostelería de la ciudad sin que ni siquiera se valore el coste de los servicios puestos a disposición de la “Sede Primada”, incluyendo los convenios de colaboración para la colocación de monumentos. Es decir, toda una riada de dinero público para que algunos ciudadanos desarrollen y practiquen su fe religiosa y sus liturgias con el trabajo de numerosos empleados públicos que cuidan de ellos.

Una vez más, Toledo sigue siendo noticia ligada a las tradiciones clericales y litúrgicas. Una vez más, el camino hacia la modernidad se pretende hacer, por contradictorio que parezca, por la senda del tradicionalismo mas arcaico colaborando con las sublimes parafernalias eclesiásticas cada vez mas alejadas de una ciudadanía secularizada y plural, aunque algunos aún no quieran enterarse.

Toledo 12 octubre 2009

La iglesia hace campaña contra la Ley del Aborto desde que se iniciara el procedimiento de reforma. Se han empleado a fondo: han diseñado campañas demagógicas de propaganda identificando un derecho de las mujeres con la protección de un animal, utilizaron las procesiones de semana santa para hacer política y ahora convocan manifestaciones para hacer oír su voz, que ellos consideran más importante que la de todos los demás, clamando contra la “matanza de hijos”. A esta manifestación se ha unido el Partido Popular, que la apoya, aunque su líder haya manifestado que no va a acudir. Ante esta situación, no podemos permanecer callados.

Alternativa Laica defenderá siempre el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente y a expresar sus opiniones, creencias y convicciones. Respetaremos el derecho de todas las iglesias a predicarles a sus fieles las convicciones que deben tener y defenderemos los derechos de estos fieles a actuar según sus creencias, dentro del estado de derecho del que nos hemos dotado. Pero también nosotros tenemos una opinión que manifestar a la sociedad.

El debate en España no está situado en este momento en torno al aborto en sí, cuya regulación en el año 1985 lo despenalizó en determinados supuestos, sino en el establecimiento de un marco legal que garantice el derecho a decidir de las mujeres en unos plazos determinados y en sacar esta regulación del código penal, de forma que ninguna mujer pueda ir a la cárcel por interrumpir un embarazo no deseado o con graves riesgos para su salud o la del feto.

Se trata de regular un derecho para aquellas mujeres que decidan acogerse a él y que este se pueda practicar con garantías jurídicas, tanto para ellas como para los profesionales sanitarios. Es un derecho y, por tanto, a nadie se va a obligar a realizar una acción con la que no esté de acuerdo.

No se puede pretender, como intenta la Iglesia, invalidar para toda la sociedad determinados derechos, tratando de imponer una moral única, mediante la permanente injerencia en la vida política y pretendiendo deslegitimar desde un pretendido magisterio moral a los legisladores y auténticos representantes democráticos de los ciudadanos.

Hay que volver a decir que el avance de los derechos civiles y el respeto a las creencias individuales se ha abierto paso históricamente aún a pesar de una Iglesia que continúa anclada en las posiciones más retrógradas. La Iglesia transita, como siempre, ajena a la evolución de la sociedad y de sus nuevas realidades confundiendo interesadamente sexualidad, maternidad, o derechos en un deshonesto ejercicio de cinismo.

A este debate se suma el Partido Popular, que ejerce, una vez más, de acólito de una Conferencia Episcopal alejada de la realidad de los ciudadanos españoles con la única intencionalidad de desgastar al Gobierno de la Nación, mientras que, con su habitual doble moral, se mantuvo ajeno a promover cualquier cambio legislativo en esta materia en su etapa de ocho años de gobierno, cuando la jerarquía que hoy clama con campañas apocalípticas, manifestación incluida, miraba para otro lado.

La paradoja final de esta situación es que esta millonaria y demagógica campaña se financiará mediante la generosa aportación de fondos públicos facilitados por el Estado a través, entre otras cosas, de la recaudación del 0,7 del Impuesto sobre la Renta, que acabamos pagando todos, los cepillos de las iglesias que no tributan, los negocios de las parroquias y diócesis, las subvenciones, aportaciones varias, etc.

Alternativa Laica apoya las líneas generales de la propuesta de nueva legislación que ha promovido el Gobierno, defiende la legitimidad única del Parlamento para legislar en esta materia y denuncia la deriva en la injerencia en los asuntos del Estado por parte de la jerarquía católica, de su Conferencia Episcopal, que se ha convertido en una práctica cotidiana y que, una vez más, irrumpe en el debate político generando tensión, con argumentos falaces y viejos dilemas ya superados por la sociedad actual que sólo demuestran sus posiciones hipócritas e integristas en un tema de alta sensibilidad social y que es, sin duda, vital para consolidar los derechos de las mujeres y su avance hacia la igualdad real en la sociedad.

Toledo, octubre 2009

Toledo, 16 de julio de 2009.

Razones por las que Alternativa Laica ha demandado al Alcalde de Toledo por la renovación del juramento de defensa del dogma de la inmaculada concepción y ha apelado el Auto de 15 de junio de 2009, del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Toledo, que declara inadmisible la demanda sin entrar en el fondo del asunto.

1)Las instituciones no pueden tener creencias religiosas. Sólo así se garantizan el pluralismo y la convivencia democrática con arreglo a la Constitución.

2)El hecho de que un Alcalde, en representación del Ayuntamiento, jure, año tras año, defender un dogma religioso (o de que pronuncie en un acto público, en voz alta, las palabras en que consiste el juramento) constituye un incumplimiento grave de su deber de abstención, esto es, un déficit democrático: las autoridades públicas no tienen ningún poder de apreciación sobre la legitimidad de las creencias religiosas.

3)Resulta inquietante la franqueza con la que el Grupo Municipal Popular y los medios de derecha justifican el acto anual en la existencia de una supuesta mayoría de personas creyentes, y vergonzosa la manera en la que el Grupo Municipal Socialista busca refugio en la tradición.

4)Es deber de Alternativa Laica recordar, con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en la mano,

• a los primeros: que la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión no son únicamente un bien preciado para los componentes de la mayoría sino también para los creyentes de otras confesiones, los ateos, los agnósticos, los escépticos y los indiferentes, cuyo derecho a la igualdad ante la Ley están menospreciando. Cierto es que la política democrática consiste en aceptar la decisión de la mayoría, y dado que ésta se caracteriza por aglutinarse en torno a ciertos postulados “mayoritarios” puede resultar muy complicado que los poderes públicos den el mismo trato a todas las ideas y creencias. De modo que resulta comprensible que algunos nieguen incluso que exista un deber de neutralidad ideológica. Pero esta discusión sólo puede tener lugar en relación con las convicciones políticas, morales, filosóficas o estéticas, y jamás respecto de las creencias religiosas, para las que sí existe una proclamación expresa en la Constitución del principio de neutralidad.

• y a los segundos: que ante el indudable mayor valor de las libertades implicadas no puede concederse ningún valor a la tradición.

• a ambos: que las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión son uno de los cimientos de una sociedad democrática.

5)Cuando iniciamos esta acción judicial, en el primer año de vida de nuestra asociación, ya sabíamos que nos enfrentaríamos a toda clase de dificultades:

• De un lado, los retrasos: primero fue la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia judicial, y después la acumulación de demandas de protección del derecho fundamental de objeción de conciencia contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía (que instruye precisamente a los alumnos sobre el valor del pluralismo). Tampoco el Ayuntamiento anduvo ágil en la remisión del expediente administrativo.

• Ahora nos enfrentamos a un Auto por el que se declara que nuestra demanda es inadmisible, dado que el juramento no constituye “un acto administrativo en sentido técnico”.

Con el debido respeto hacia las todas resoluciones judiciales, hemos apelado este Auto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, poniendo de manifiesto que, a nuestro juicio, éste se basa en una argumentación irrazonable, que incurre en un error patente, y que no satisface el canon constitucional de motivación exigible a todos los autos y sentencias.

6)Nuestra actuación no va contra la confesión católica que ampara la creencia en el dogma, ni contra ninguna de las personas que, individualmente, la comparten. Nuestra actuación va en defensa de los derechos fundamentales de todos, incluidos los católicos; lo que se comprende muy bien si nos situamos en el supuesto de las sociedades democráticas donde esta confesión no resulta mayoritaria: en tales Estados, los fieles reclaman a sus poderes públicos la misma actitud de neutralidad e imparcialidad que nosotros reclamamos a nuestras instituciones.

Toledo, 16 de julio de 2009.

Toledo 17 junio 2009

En todas las culturas de todos los momentos históricos se dan y se han dado ceremonias de acogida de los recién nacidos al seno de la sociedad de la que, desde ese momento, formarán parte. La iglesia católica, como en tantas otras cosas, ocasiones y festividades, se apropia de tradiciones ajenas y las adapta a sus propios intereses y a sus propias costumbres.

El llamado bautismo laico no es sino una ceremonia civil de acogida de nuevos miembros a la sociedad. Es evidente que para muchos, todos esos que pretenden tener la verdad única, esto es un sacrilegio, una necedad, una ridiculez; le pondrán el mejor y más gratuito descalificativo que encuentren; sin embargo, no se dan cuenta de lo evidente: las personas que practican y reclaman estas ceremonias civiles de iniciación a la vida son personas libres en el pensamiento (también en la acción) y respetuosas con las futuras creencias, religiosas o no, de sus hijos. No se justifican ante ningún dios, ni les encomiendan la protección de sus niños, ni se sienten amenazados por males increíbles para si y sus vástagos. Al contrario, son libres y se sienten libres. Y plantean un grave problema a los que viven para dominar las conciencias ajenas.

El nombre, bautismo, es lo de menos. El lenguaje está trufado de expresiones religiosas que ya no tienen el significado original. Lo importante es el concepto de laico. Símbolo de todo aquello contrario a la imposición religiosa, al dogma, a la moral única. Laico equivale en este contexto a libertad de conciencia, a pluralismo, a respeto mutuo. Por eso, la expresión bautismo laico, o cualquier otra similar, necesariamente molesta a quienes no puedan renunciar a imponer a toda la sociedad su doctrina y su verdad.

El incremento de ceremonias de acogida civil es tan sólo un síntoma más de la libertad ideológica de la sociedad española en la que vivimos actualmente. Salve.

17 de junio de 2009

 Yolanda García Figueruelo

 Alternativa Laica

Toledo, 22 de Junio de 2009

El acto de recepción al nuevo arzobispo de Toledo Braulio Rodríguez Plaza, organizado por el Ayuntamiento en la Puerta de Bisagra, donde el Alcalde de la ciudad, Emiliano García Page, ejerce de anfitrión, "espera y saluda a pie de coche" al arzobispo trasladándose con posterioridad hasta la catedral ambos en el coche oficial del Ayuntamiento no es otra cosa que la escenificación burda y antigua del sometimiento del poder civil y sus instituciones a la jerarquía de la Iglesia Católica. Una jerarquía, la que constituyen estos nuevos "príncipes de la Iglesia", cuyo afán de notoriedad y boato contrasta con la humildad y sencillez que predican y con la sobriedad de otros actos de la vida política democrática.

Desde Alternativa Laica, consideramos que dicha ceremonia de bienvenida con la "Corporación Municipal bajo mazas y situada en línea para saludar al Arzobispo" genera una confusión de fondo que excede de la cortesía y de las correctas relaciones con la Iglesia.

Por respeto a los toledanos dicho acto debería producirse exactamente al revés, es decir que el arzobispo, sea quien, en señal de respeto y cortesía con el Ayuntamiento de la ciudad, fuera quien cursara visita a la Corporación en sede municipal y a su Alcalde elegido democráticamente, ya que éste lo es y representa a todos los ciudadanos de Toledo, mientras que el arzobispo es tan sólo el representante de una confesión religiosa.

Hay que volver a recordar que la educación y el respeto no están reñidos con la necesaria neutralidad de los poderes públicos y que actos como este, sobre los que no cabe invocar tradición alguna, sitúan al Ayuntamiento a ojos de los ciudadanos como rindiendo pleitesía y, por tanto, dando la imagen de subsidiariedad y subordinación del poder civil y las instituciones a la Iglesia Católica.

Alternativa Laica considera que con este acto de encaje institucional tan forzado y ajeno a las habituales prácticas protocolarias en los tiempos actuales, vuelve a ponerse de manifiesto una conducta de algunos poderes públicos no exenta de oportunismo, confundiendo interesadamente los gestos hacía la jerarquía católica con guiños hacia un sector del electorado haciendo dejación de importantes principios de un estado de derecho.

Por otra parte las arcaicas formas y la parafernalia del acto sólo transmiten una imagen de la ciudad más propia de otros tiempos donde el poder omnímodo de la Iglesia y su permanente presencia en la vida pública marcaban la imagen exterior de Toledo.

Con demasiada frecuencia Toledo sólo es noticia ligada a la historia y las tradiciones clericales. Ofrecemos un buen espectáculo a España y al mundo. Mientras algunos sectores políticos y sociales en otros ámbitos de la nación se esfuerzan en transitar hacia la modernidad, nosotros vamos por la senda del incienso, del tradicionalismo mas vetusto, promocionando expresiones genuinas de un folklorismo autocomplaciente. En definitiva, una imagen que contrasta con el permanente discurso de innovación y desarrollo que pretende transmitirse hacia fuera.

Eso sí, todo ello con una riada de dinero público para que algunos respetables ciudadanos desarrollen su fe religiosa bajo el cuidado de decenas de empleados públicos que velan por ellos.

Convendrá con nosotros, Sr. Alcalde, que en estas condiciones, es complicado hablar de modernidad.

Por ello, es éste un buen momento para reivindicar en nombre de muchos toledanos que, para respetar las creencias religiosas y convicciones de todos, estas deben quedar en el ámbito de lo privado y preservar lo público, lo común, de cualquier privilegio de trato y, menos aún, por parte de una institución del Estado, que como el Ayuntamiento, debe ser su mayor garante y su principal valedor y contribuir de paso a transmitir una imagen de Toledo acorde con una sociedad cada vez mas secularizada y plural que se corresponde mejor con la mayoría de sus ciudadanos.

Toledo 23, junio 2009

1) Hoy, 23 de junio de 2009, nos ha sido notificado el auto del asunto, después de que el Diario ABC se haya hecho eco de la noticia en la separata que dedica a la actualidad de Toledo y de su provincia bajo el titular "Rechazado el recurso de Alternativa Laica contra el voto municipal a la Inmaculada".

2) La primera valoración que podemos hacer del auto y sobre la reseña periodística es que el Juzgado no ha resuelto el recurso (ni para rechazarlo ni para acogerlo), sino que lo ha declarado inadmisible, sin entrar a valorar las cuestiones sustantivas planteadas en la demanda.

3) Alternativa Laica no puede cejar en su impulso puesto que las cuestiones que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 no ha valorado son cuestiones que afectan a Derechos Fundamentales recogidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución

Dichos artículos garantizan el derecho de todos los ciudadanos de Toledo a que su Alcalde (como tal y no como persona individual) no prefiera y manifieste unas creencias a otras, por mayoritarias que éstas sean. Esto es lo que se llama principio de neutralidad o aconfesionalidad de los poderes públicos.

4) Podemos señalar cómo otros Alcaldes, como es el caso del de Mérida, han dejado hace 2 años de prestar juramento al dogma, sustituyendo esta acción tan confesional, por una discreta participación en una ceremonia religiosa.

5) Dado que Alternativa Laica tiene como objetivo garantizar que ningún ciudadano de esta ciudad pueda sentirse menospreciado por razón de sus creencias o por la falta de ellas, no podemos aceptar que se intente dar carpetazo a este asunto y recurriremos el auto en apelación al Tribunal Superior de Justicia.

6) En todo caso, la cuestión del juramento pende igualmente de la resolución que debe dictar el Juez titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de esta ciudad, ya que Alternativa Laica recurrió igualmente el pronunciamiento expreso que el Pleno del Ayuntamiento de 31 de enero de 2008 adoptó sobre la proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida de que "el Alcalde no vuelva a renovar, ni en nombre del Ayuntamiento ni en el de los vecinos de Toledo, el juramento de defender el dogma de la Inmaculada Concepción…"

7) Finalmente, hemos de lamentar que hayan sido necesarios 18 meses menos 5 días, desde que esta Asociación interpuso el recurso hasta que el Juzgado ha decidido sobre su eventual admisión.

Toledo, 15 de Junio de 2009

La necesaria aproximación a dicha realidad económica viene marcada inevitablemente por el modelo de "asignación tributaria" que se elevó hasta el 0,7% del IRPF a partir del año 2007 (incrementándose en un 34%) y que consolidó con carácter estable un sistema de financiación de la Iglesia con cargo a una minoración de los ingresos públicos en el IRPF.

Con este sistema, llamado impropiamente "impuesto religioso", el católico no añade ni un euro de su bolsillo en el IRPF. Es en realidad Hacienda quien lo resta de los ingresos públicos totales a petición de un contribuyente que con ese mecanismo aporta al Estado el 99,3% de su cuota fiscal, no el 100% como el resto de los españoles. En otras palabras, el 0,7% de la cuota de los católicos, es un dinero que deja de ingresar el Estado, de tal forma que dos ciudadanos con el mismo sueldo no contribuyen por igual a las finanzas públicas con las que sostener los servicios o las infraestructuras del país. Se rompe con ello el principio de igualdad tributaria, ya que la contribución al sostenimiento de los servicios de interés general de quienes ponen la cruz a favor de la Iglesia católica es menor que la de quienes no la ponen.

En opinión de Alternativa Laica, esta solución es además contraria al espíritu del propio Acuerdo de Asuntos Económicos de 1979, en cuyo artículo ll.5 se contenía un compromiso expreso de autofinanciación por parte de la Iglesia Católica , es decir que la Iglesia lograría por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Al elevar a definitivo este mecanismo se renuncia por tanto a alcanzar la autofinanciación por medios propios y se opta por una financiación a costa de minorar directamente los ingresos del Estado en concepto de IRPF.

A día de hoy no se conocen los datos de la campaña de la renta del 2008 (correspondiente al IRPF 2007) sin embargo los datos relativos al año anterior, campaña 2007, (IRPF 2006), según la propia Conferencia Episcopal Española hubo 6.483.180 de declaraciones a favor de la Iglesia Católica con un total de asignación de 173.753.065 € frente a los 144.974.151 del año anterior ( 20% mas ).

Conviene diferenciar aquí entre la asignación directa para financiar los gastos del culto y el clero a la que va dirigida la asignación tributaria del 0,7 del IRPF de lo que son otras ingentes aportaciones del Estado a través de sus diferentes administraciones en el campo de la enseñanza o la asistencia social.

Alternativa Laica considera que la engañosa campaña (X tantos) trata de hacer llegar a los ciudadanos la idea de la contribución de la Iglesia y el consiguiente ahorro que produce al Estado a través de las entidades de asistencia social y de los centros educativos que gestiona y que al marcar la casilla de la Iglesia se contribuye a esa labor social. La realidad sin embargo es que la asignación tributaria se destina únicamente a la financiación del culto y el clero y que otras actividades sociales se financian precisamente a través de las asignaciones de los contribuyentes a la casilla de "otros fines de interés social" de las que también la Iglesia es una de las mas importantes beneficiarias a través de distintas ONGs, de adscripción católica (Cáritas es el ejemplo mas significativo).

Mención aparte merece la aportación del Estado al mantenimiento de los conciertos educativos (3.500 Mll. de euros) según estimaciones oficiales a través de 2370 centros concertados el 80% del total de los centros privados subvencionados.

De otra parte el Estado paga el sueldo de los profesores de religión en centros públicos porque asume la enseñanza de la doctrina católica en las escuelas públicas, una nómina de unos 15.000 profesores (525 Mll. de euros), además de los capellanes castrenses u hospitalarios distribuidos por todo el territorio nacional.

Este modelo, por lo tanto reitera y acrecienta la incompatibilidad con los principios de separación y neutralidad del Estado. Se mantiene la financiación con fondos públicos, es decir, se entrega dinero público a la Iglesia para una actividad y unos objetivos confesionales, fundamentalmente para el sostenimiento del culto y el clero, convirtiendo al Estado en recaudador y a la Iglesia católica en receptora pasiva de lo recaudado sin esfuerzo alguno y sin abordar una vez más la auténtica raíz del problema: que la financiación de las confesiones religiosas debe canalizarse mediante la mentalización de los fieles para que estos realicen sus propias aportaciones. Es elemental que esto tenga su correlato con el compromiso de los creyentes en el terreno de la contribución al sostenimiento de su iglesia o de lo contrario la tradicional tacañería del católico español supondrá que el resto de españoles creyentes o no, financiaremos con el dinero público sus actividades, lo que resulta especialmente sangrante en un momento de crisis económica y de necesidades crecientes del Estado para hacer frente a políticas de gasto público derivadas de la misma, como la cobertura del desempleo o los planes de reactivación económica en un contexto de importantes caídas de la recaudación fiscal.

Así pues en opinión de Alternativa Laica el análisis de la realidad de la financiación de la Iglesia y la denuncia de su engañosa campaña de captación de contribuyentes debería hacer reflexionar al Gobierno para reforzar un modelo fiel al principio de laicidad y por tanto neutral, que respete el principio de igualdad, lo que pasaría por reelaborar toda la legislación sobre este tema, ya que el imperativo consecuente con ese principio implica que el Estado no puede identificar sus fines con los de una confesión religiosa concreta y menos utilizar la financiación a modo de compensación que pudiera evitar hipotéticas campañas y presiones intolerables de la actual jerarquía católica en relación con la acción legislativa de los poderes legítimos y democráticos de este país.

Toledo 6, junio 2009

Alternativa Laica ha defendido en numerosas ocasiones, con motivo de eventos similares y en años anteriores, que "las fiestas de la ciudad, no pueden ser patrimonio de una parte de la sociedad". Las fiestas del Corpus, en concreto, trascienden su origen religioso para convertirse en una manifestación de gran arraigo ciudadano y, por tanto, una de las primeras obligaciones de las autoridades al otorgarles carácter de fiesta grande de la ciudad es la de fomentar la parte lúdica y popular de las fiestas, de forma que puedan participar todos aquellos que lo deseen.

Unido a ello, el que las instituciones faciliten la organización de los eventos religiosos pertinentes en los lugares públicos, dada su tradición, junto con los festejos lúdicos propios de una fiesta ciudadana no significa que los poderes públicos dejen de cumplir su primera y más importante obligación: la de respetar las celebraciones, pero garantizando a la vez la mas exquisita neutralidad en materia religiosa.

Por ello, el hecho de que los cargos públicos de diversa índole institucional formen parte de un acto religioso, como es una procesión, en calidad de tales y no como simples ciudadanos es una dejación de esta obligación de garantía de neutralidad, y produce, además, confusión en la ciudadanía al transmitir un mensaje subliminal de identificación del poder civil con la religión católica, que no se corresponde con el momento histórico en el que vivimos ni con el ordenamiento constitucional y jurídico que nos hemos dado, ni por supuesto forma parte de sus funciones representativas.

Por otro lado, que formen parte de la procesión y de otros eventos litúrgicos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, o distintas compañías del Ejército, todos los cuales tienen establecida constitucionalmente las funciones de garantizar la seguridad pública o la defensa, no deja de ser una escenificación de supeditación de los poderes del Estado a una supuesta autoridad religiosa, además de que en ningún caso es función de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército servir de adorno a los eventos religiosos.

Recientemente también otras instituciones se suman a la procesión. Es el caso de la Universidad a través de algunos miembros de su Rectorado. No puede esta institución apelar a "tradición" alguna en razón a su antigüedad, mas parece en cambio una excusa basada en un cierto afán de lucimiento personal de sus miembros que compromete la imagen de independencia y de defensa de la ciencia y el conocimiento como valor superior de la Universidad con respecto a las religiones, sacrificando la seriedad que se supone a la Universidad al boato y a la apariencia.

La Asociación Alternativa Laica se ha dirigido ya en otras ocasiones a las distintas autoridades locales, provinciales, regionales y estatales para solicitarles el cumplimiento del principio de neutralidad del Estado en materia religiosa. En el presente año volvemos a realizar el mismo llamamiento a que las autoridades civiles y militares no formen parte de la procesión religiosa, y que en todo caso aquellas autoridades que lo deseen participen, siempre desde fuera del cortejo, desde los balcones de la Delegación del Gobierno o en cualquier otro ámbito siempre ajeno al desfile procesional, que es lo que corresponde al papel de las autoridades civiles.

Esto implica que, por una parte, los poderes públicos mantienen el principio de neutralidad del Estado en materia religiosa y, por otra, actúan como representantes de todos los ciudadanos y no sólo de aquellos que profesen una determinada religión, a la vez que se respeta la separación efectiva del Estado y la iglesia también en los usos y costumbres.

Las obligaciones institucionales y representativas de los poderes públicos o las del Ejercito o las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, nada tienen que ver con su participación en determinadas liturgias o con servir al lucimiento de determinados desfiles procesionales de la jerarquía católica, herencias sin duda de un pasado donde el Estado se proclamaba oficialmente católico, pero que nada tiene que ver con el mandato de nuestra Constitución que consagra en su articulado el principio de que "ninguna religión tendrá carácter estatal".